El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados dos nuevos proyectos de ley: el denominado “Super Riggi”, que establece un sistema de promociones fiscales para el desarrollo de grandes emprendimientos, y una iniciativa para regular la actividad de lobby y prevenir conflictos de intereses en la gestión pública. Con este envío, el Ejecutivo cumple parte del anuncio realizado el viernes pasado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien había anticipado que cuatro proyectos serían girados al Congreso. Los dos primeros –referidos a ludopatía y a la derogación de la ley de Etiquetado Frontal– ya fueron remitidos al Senado.

El proyecto “Super Riggi” (que toma como base el antiguo régimen de incentivos pero con modificaciones sustanciales) busca fomentar grandes inversiones en sectores estratégicos. A diferencia de la ley vigente, el nuevo sistema incluirá en sus beneficios a la cadena del litio, la manufactura de baterías, el hidrógeno verde o de bajas emisiones, el GNL onshore, los reactores nucleares pequeños y medianos (SMR), la producción de paneles solares y turbinas eólicas, los vehículos 100% eléctricos y nuevos productos petroquímicos, entre otros. En materia impositiva, el impuesto a las ganancias se reducirá al 15% (frente al esquema anterior), se permitirá una amortización acelerada del 60% en el primer año y del 20% en cada uno de los dos años siguientes, y se establecerá una exención de derechos de exportación.

Por otra parte, el proyecto de regulación del lobby tiene como objetivo transparentar las gestiones que realizan empresas o sus intermediarios ante funcionarios y legisladores, con el fin de evitar conflictos de intereses. Uno de los puntos centrales es la creación de un registro digital obligatorio para lobistas, que exigirá la presentación de declaraciones juradas sobre los intereses que representan, así como la publicidad de las agendas de los funcionarios públicos. La norma también fija incompatibilidades para ex funcionarios que deseen realizar gestiones de lobby. Quedarán comprendidas dentro de la definición de lobby aquellas actividades orientadas a la elaboración, derogación o implementación de leyes, licitaciones, concesiones, o la asignación de subsidios o beneficios fiscales para cualquier actividad económica.

Ambos proyectos comenzarán ahora su tratamiento en la Cámara de Diputados, en un contexto legislativo que el oficialismo busca acelerar antes del receso invernal.