El clima político en la capital tucumana sigue en ebullición. El bloque oficialista del Concejo Deliberante salió a respaldar con fuerza a la intendenta Rossana Chahla y lanzó una dura ofensiva contra el alfarismo, luego de que la concejala Ana González (Partido por la Justicia Social) presentara una denuncia penal contra cinco secretarios municipales por contratos directos con cooperativas.

A través de un comunicado, la bancada “Peronismo de la Capital”, liderada por Ernesto Nagle, sostuvo que la demanda impulsada por la edil opositora es falsa y maliciosa, además de carecer de sustento jurídico. Según los concejales oficialistas, el único objetivo de la presentación es “intentar desprestigiar la imagen de una gestión transparente, íntegra y profundamente comprometida con los vecinos”. Acusaron a la oposición de priorizar su “posicionamiento mediático” en lugar de trabajar por la ciudad.

El comunicado lleva la firma de los ocho concejales del oficialismo local: Ernesto Nagle, Fernando Juri (presidente del cuerpo), José María Franco, Hugo Andina Lizárraga, Emiliano Vargas Aignasse, Facundo Vargas Aignasse, Eduardo Molina y Gonzalo Carrillo Leito. En defensa del manejo de las cuentas municipales, los ediles argumentaron que el municipio está sometido a auditorías permanentes y destacaron reconocimientos de organismos como Bloomberg Philanthropies, la Red de Innovación Local (RIL) y las normas IRAM. También mencionaron como herramientas de transparencia el portal de datos abiertos y el Boletín Oficial digital.

Más allá del texto conjunto, varios concejales sumaron declaraciones individuales. Gonzalo Carrillo Leito justificó los mecanismos de contratación —que por $2.700 millones están bajo la lupa judicial— al señalar que se realizaron bajo la emergencia ambiental: “Todo lo que la actual gestión lleva adelante es una situación crítica producto de todo lo que antes no se hizo”. Por su parte, Ernesto Nagle apuntó directamente contra González por haber solicitado ser querellante en la causa, afirmando que eso demuestra que “no piensa en la política de gestión, sino solo en su instalación personal en los medios”.

En declaraciones previas, José María Franco aseguró que en la denuncia “hay muchas cosas que son falsas”; Facundo Vargas Aignasse planteó que “hay mucha puesta en escena y poca honestidad política”; y Emiliano Vargas Aignasse señaló que se trata de “denuncias mediáticas con más intención política que sustento jurídico”. También se sumó al apoyo Cristian Abel (Acción Vecinal), quien definió las demandas como “operaciones políticas que solo buscan el desprestigio”.

Una postura más cauta aportó Carlos Arnedo, exconcejal y actual secretario de Movilidad Urbana de la capital. El funcionario pidió dejar trabajar a los jueces y bajar la intensidad de la pelea política: “No corresponde prejuzgar ni utilizar denuncias judiciales para generar operaciones políticas. Lo importante es que se investigue con profundidad y que se esclarezca cada situación”, concluyó.