La concejala capitalina Ana María González profundizó sus cuestionamientos contra la gestión municipal de Rossana Chahla y confirmó que ampliará la denuncia penal presentada contra funcionarios del Ejecutivo local por presuntas irregularidades en contrataciones directas que, según indicó, superan los $2.700 millones.

En declaraciones televisivas, González aseguró que su equipo jurídico detectó inconsistencias en adjudicaciones relacionadas con servicios urbanos, mantenimiento de espacios públicos, refugios para colectivos y eventos organizados por el municipio.

Durante la entrevista, la edil también apuntó contra Marcelo San Pedro, esposo de la intendenta. “Así como el problema de Javier Milei es Karina Milei, el problema de Rossana Chahla es San Pedro”, expresó, en una frase que generó repercusiones dentro del escenario político tucumano.

Aunque evitó brindar mayores detalles sobre esa afirmación, González sostuvo que la jefa municipal comprendía el sentido de sus declaraciones.

San Pedro es un empresario ligado al rubro de la salud y la tecnología médica, dedicado a la comercialización de aparatología e insumos de alta complejidad. Su figura fue mencionada en distintas oportunidades en discusiones políticas relacionadas con contrataciones estatales en el área sanitaria.

De acuerdo con fuentes municipales citadas en la denuncia, también habría tenido influencia en el vínculo político entre Chahla y el diputado nacional Carlos Cisneros, en medio de la tensión existente entre distintos sectores del oficialismo provincial.

La denuncia presentada por González involucra a cinco funcionarios del gabinete municipal, entre ellos Luciano Chincarini, Rodrigo Gómez Tortosa, Camila Giuliano, Sebastián Ruiz Toscano y Marcelo Albaca.

Según explicó la concejala, parte de las irregularidades detectadas están relacionadas con cooperativas que habrían sido contratadas pese a no encontrarse registradas oficialmente como proveedoras del municipio. Además, señaló que algunas de esas entidades comenzaron su actividad tributaria en simultáneo con la recepción de contratos millonarios.

Entre las operaciones cuestionadas aparecen adjudicaciones para la construcción de refugios urbanos, compra de kits tecnológicos para el transporte público, instalación de tótems interactivos y tareas de desmalezamiento y mantenimiento de espacios verdes.

González sostuvo además que los montos pagados por determinadas obras y equipamientos resultarían superiores a los valores habituales del mercado. En ese sentido, mencionó refugios para colectivos y pantallas LED instaladas durante el Vía Crucis de Semana Santa.

Otro de los puntos centrales de su planteo fue el mecanismo de contratación directa utilizado por distintas áreas municipales. “Un secretario municipal maneja 400 millones de pesos de manera directa”, cuestionó.

La edil también señaló que las resoluciones observadas no cuentan con la firma de Rossana Chahla y responsabilizó administrativamente a las áreas técnicas y contables encargadas de autorizar los procedimientos.

Frente a las críticas del secretario Chincarini, quien había atribuido la denuncia a una cuestión personal, González negó esa versión y afirmó que continuará avanzando judicialmente con nuevas presentaciones. “Esto recién empieza”, advirtió.

La controversia se desarrolla en un contexto de fuertes diferencias internas dentro del peronismo tucumano, donde distintos sectores mantienen disputas políticas vinculadas al armado electoral y al posicionamiento de funcionarios y dirigentes de cara al futuro político provincial.