El Poder Ejecutivo Nacional remitió al Congreso un proyecto de ley que busca derogar por completo la Ley N° 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal. La iniciativa ingresó al Senado el sábado 23 de mayo de 2026.

El documento lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Salud Mario Lugones. Así lo confirmaron fuentes oficiales este.

La norma vigente, basada en los parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), presenta según el Ejecutivo “severas limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas”. Por eso, el Gobierno propone su eliminación total.

El articulado del proyecto es directo. Establece la derogación completa de la Ley 27.642, que entraría en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial.

De aprobarse, desaparecerían los octógonos negros de advertencia en los envases. También caerían las restricciones vinculadas a la publicidad, los entornos escolares y el uso de personajes infantiles en los empaques.

El oficialismo critica el actual sistema por considerarlo “binario”. Sostiene que aplica parámetros homogéneos sobre matrices alimentarias muy diferentes, sin tomar en cuenta las porciones reales que consume la gente ni la densidad nutricional de cada producto.

Según el texto enviado al Parlamento, esta metodología genera inconsistencias. Alimentos tradicionales y saludables reciben advertencias equivalentes a las de productos ultraprocesados, lo que provoca “interpretaciones simplificadas o poco precisas” y termina confundiendo al comprador.

Otro de los señalamientos del Gobierno apunta a la falta de incentivos para la industria. El esquema actual solo advierte si el producto “contiene o no contiene” determinados nutrientes críticos, sin premiar las mejoras parciales o graduales que las empresas puedan implementar dentro de una misma categoría.

El proyecto también menciona las asimetrías en el Mercosur. La falta de armonización regional en materia de rotulado frontal genera trabas operativas y obliga al sector a fabricar envases diferenciados según el país de destino.

Esta situación perjudica especialmente a las Pequeñas y Medianas Empresas (PyMEs). Los costos fijos de cumplimiento son proporcionalmente más elevados para ellas, lo que podría incentivar la concentración del mercado en manos de las grandes compañías.

La rigidez normativa es otro punto de crítica. Numerosos aspectos metodológicos y técnicos fueron incluidos directamente en el cuerpo de la ley, lo que impide una actualización ágil frente a nuevos consensos científicos internacionales o a las modificaciones de las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA).

El Ejecutivo aclaró, sin embargo, que la derogación no elimina todas las obligaciones de información nutricional. La declaración obligatoria de valor energético, azúcares, grasas y sodio seguirá plenamente vigente.

Esa información continuará bajo el Código Alimentario Argentino y el sistema armonizado del Mercosur (Resoluciones GMC N° 44/03 y 46/03). También se mantendrán las leyes de lealtad comercial y defensa del consumidor.

Con este envío, el Gobierno pidió al Congreso el “pronto tratamiento y sanción” de la norma. Aspira a reemplazar el actual sistema por un esquema que califica como “técnicamente más consistente, uniforme y adaptable”.