El concejal de San Miguel de Tucumán por el Partido de la Justicia Social, Carlos Ale, cuestionó públicamente a la intendenta Rossana Chahla luego de las declaraciones que realizó en torno a la denuncia judicial vinculada a presuntas irregularidades en contrataciones municipales.

A través de una serie de publicaciones realizadas en la red social X, el edil apuntó contra la jefa municipal tras la difusión de una causa en la que se mencionan contrataciones directas millonarias, cooperativas beneficiadas y posibles maniobras para evitar licitaciones públicas.

“Nerviosa, agresiva y cargada de soberbia. Y no sorprende. Cuando el marketing se cae, aparece la verdadera política”, expresó Ale en el inicio de su descargo.

El concejal hizo referencia a la denuncia presentada por Ana González, señalando que el expediente tendría más de 90 páginas. En ese marco, sostuvo que la gestión municipal “quedó envuelta en una denuncia donde se habla de contrataciones directas millonarias, cooperativas beneficiadas, posibles sobreprecios y maniobras para evitar licitaciones públicas”.

Además, cuestionó la respuesta política del Ejecutivo municipal frente a las acusaciones. “Pero en vez de pedir que se investigue, eligió atacar. En vez de abrir expedientes, eligió hacerse la víctima. En vez de dar explicaciones, eligió ser jueza, fiscal y vocera de absoluciones”, afirmó.

En otro tramo de su publicación, Ale sostuvo que funcionarios municipales no habrían salido públicamente a responder los cuestionamientos planteados en la denuncia. “Porque si todo está tan impecable como dicen… ¿dónde están los denunciados? ¿por qué no salen a explicar expediente por expediente? ¿por qué el municipio responde con frases armadas y no con documentación?”, planteó.

El edil también vinculó la situación con el perfil comunicacional de la intendenta y cuestionó el manejo político de la crisis. “Los tucumanos están viendo algo muy claro: una intendenta irritada porque alguien se animó a tocar un tema incómodo”, expresó.

Finalmente, remarcó que será la Justicia la encargada de determinar eventuales responsabilidades penales, aunque consideró que el impacto político ya se habría producido. “Detrás de los filtros, los videos editados y el discurso de ‘gestión moderna’, empezó a aparecer una vieja práctica de la política argentina: el poder atacando desesperadamente cada vez que alguien pide explicaciones”, concluyó.