Una denuncia penal presentada por la concejala Ana María González contra funcionarios de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán abrió un nuevo frente político y judicial dentro de la gestión municipal encabezada por Rossana Chahla. El planteo, radicado ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana del Ministerio Público Fiscal, apunta contra cinco integrantes del gabinete por presuntos delitos vinculados a la administración pública y pone el foco sobre contrataciones directas realizadas para tareas de mantenimiento urbano.

Entre los funcionarios denunciados aparece Luciano Chincarini, secretario de Servicios Públicos del municipio, señalado en la presentación como uno de los principales responsables de los expedientes observados. Según el escrito, además de ocupar ese cargo en la Municipalidad, Chincarini figura como empleado de la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán.

La situación reavivó cuestionamientos sobre la influencia política del diputado nacional Carlos Cisneros dentro de la administración municipal. El texto sostiene que varios funcionarios vinculados a la gestión mantienen relación con el dirigente, quien históricamente tuvo peso político dentro de la Caja Popular.

La denuncia también plantea interrogantes sobre la situación laboral de Chincarini en la entidad crediticia provincial y si solicitó licencia para asumir funciones municipales o si existió una eventual superposición de haberes públicos, algo que la Constitución provincial prohíbe.

Además de Chincarini, la presentación alcanza al contador general Marcelo Albaca; a la secretaria de Gobierno, Camila Giuliano; al secretario general Rodrigo Andrés Gómez Tortosa; y al secretario de Economía y Hacienda, Sebastián Ruiz Toscano. La denuncia incluye también a cualquier otra persona que pudiera surgir como responsable durante la investigación judicial.

En el escrito, González sostiene que existirían elementos suficientes para investigar posibles delitos como incumplimiento de deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos, fraude por administración infiel agravado, negociaciones incompatibles con la función pública, cohecho pasivo y enriquecimiento ilícito.

La denuncia describe un esquema de contrataciones directas con cooperativas de trabajo destinadas a tareas de mantenimiento de espacios verdes, desmalezamiento, limpieza y conservación urbana. Según la presentación, los expedientes habrían utilizado de manera reiterada la figura de “necesidad y urgencia” prevista en la Ordenanza de Contabilidad N.º 570/80, pese a tratarse de trabajos considerados periódicos y previsibles.

La concejala también afirmó que varias cooperativas contratadas no estaban registradas en el padrón municipal de proveedores ni contaban con inscripción tributaria completa al momento de las adjudicaciones. Algunas habrían regularizado su situación recién después de firmados los contratos.

De acuerdo con la documentación citada en la denuncia, múltiples expedientes fueron iniciados directamente desde el área encabezada por Chincarini. Entre ellos figuran actuaciones vinculadas con contrataciones para mantenimiento integral y limpieza en distintas secciones de la capital tucumana.

La presentación judicial enumera distintos casos concretos. Uno de ellos corresponde a la contratación de la cooperativa “Juntos para Vivir Mejor Ltda.” por casi 17 millones de pesos, monto que luego habría sido ampliado a más de 33 millones. Otro expediente menciona la contratación de Obeid Alberto Nicolás por más de 165 millones de pesos para tareas de mantenimiento en la Sección 2. También se detallan acuerdos con las cooperativas “Profeta Isaías Ltda.” y “REMACOOP Ltda.” por cifras superiores a los 188 millones de pesos cada una.

Según el escrito, en todos los casos se habría repetido el mismo esquema administrativo basado en excepciones previstas en normativas municipales y decretos de emergencia ambiental. La denunciante sostiene que los montos asignados resultarían excesivos en relación con los servicios prestados y la cantidad estimada de trabajadores necesarios para ejecutar las tareas.

Otro de los puntos incorporados al expediente refiere a la situación financiera del contador general Marcelo Albaca Petersen. La denuncia menciona información pública de la Central de Deudores del Sistema Financiero del Banco Central correspondiente a octubre de 2025, donde figuran obligaciones crediticias superiores a los 415 millones de pesos con el Banco Nación, además de otras deudas con entidades privadas.

González pidió a la Justicia una serie de medidas de prueba, entre ellas allanamientos, secuestro de documentación y requerimientos de informes a distintos organismos públicos.

La presentación también relaciona el caso con un antecedente reciente ocurrido en la Caja Popular de Ahorros. Días atrás, la entidad declaró nula la designación del abogado José César Díaz por haber percibido simultáneamente dos remuneraciones estatales durante 31 meses. La resolución dispuso la devolución de fondos y la apertura de un sumario administrativo.

Tras conocerse la denuncia, Chincarini cuestionó públicamente la presentación y la definió como una “maniobra electoral” sin fundamentos jurídicos.

La causa se encuentra en una etapa inicial y deberá determinar si las contrataciones observadas constituyen irregularidades administrativas o si existen elementos para configurar delitos penales. La investigación buscará establecer cómo se realizaron los procedimientos, cuál fue el circuito de decisiones internas y qué responsabilidades pudieron haber tenido los funcionarios involucrados. 

Fuente: El Federalista