La Cámara de Diputados aprobó el proyecto conocido como Ley Hojarasca, una iniciativa del Gobierno nacional que busca derogar 63 leyes en su totalidad y modificar artículos de otras normas consideradas obsoletas, sin aplicación práctica o superadas por legislación posterior.

La propuesta fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y forma parte de la agenda oficial para reducir la cantidad de regulaciones vigentes en el país. El texto obtuvo media sanción y ahora deberá ser tratado por el Senado.

Según el Poder Ejecutivo, el objetivo es “limpiar” el ordenamiento jurídico argentino de normas que quedaron desactualizadas por el paso del tiempo, por avances tecnológicos, por cambios económicos o porque regulan organismos que ya no existen.

Entre las leyes incluidas aparecen normas antiguas vinculadas a castigos físicos, beneficios impositivos, carbón mineral, microfilmación, televisión en color, reuniones privadas, carnet de mochilero, padrinazgo presidencial y organismos estatales sin funcionamiento actual.

Los seis grupos de normas que busca derogar el Gobierno

El proyecto clasifica las leyes en seis grandes categorías:

1. Leyes superadas por normas posteriores.
   Incluye disposiciones que fueron reemplazadas por marcos legales más modernos, como normas sobre vacunación, hidrocarburos, trata de personas o actuación de auxiliares de la Justicia.

2. Normas obsoletas por el avance tecnológico o el paso del tiempo.
   Allí aparecen leyes vinculadas a la microfilmación, la televisión en color, la explotación de carbón mineral o premios por descubrir minas de carbón.

3. Leyes que, según el Gobierno, afectan libertades individuales.
   En este grupo figuran normas sobre reuniones privadas, sanciones políticas contra el Estado, difusión de música argentina y el denominado carnet de mochilero.

4. Leyes que generan burocracia o sobrerregulación.
   Son normas que crean trámites, consejos, comisiones u obligaciones administrativas que el Ejecutivo considera innecesarias.

5. Leyes vinculadas a organismos o instituciones que dejaron de existir.
   Comprende disposiciones referidas a estructuras estatales, planes o entes que ya no tienen funcionamiento efectivo.

6. Leyes que crean organismos financiados con recursos públicos.
   El Gobierno apunta a que determinadas entidades puedan continuar funcionando, pero sin financiamiento estatal.

Algunas de las leyes incluidas en el paquete

Entre las normas que el Gobierno propone derogar figuran:

• Ley N° 94, de 1864, que inhabilita a autoridades que ordenen azotes.

• Ley N° 448, de 1870, que otorga un premio a quien descubra una mina de carbón.

• Ley N° 3.863, de 1899, sobre beneficios impositivos a compañías de seguros agrícolas.

• Ley N° 16.789, que obliga al Estado nacional a adquirir automóviles de industria nacional.

• Ley N° 18.569, sobre microfilmación de documentación en el Ejército.

• Ley N° 20.120, que regula el derecho de reunión, incluso en lugares cerrados.

• Ley N° 20.802, que crea el carnet de mochilero.

• Ley N° 20.843, conocida como Ley de Padrinazgo Presidencial.

• Ley N° 21.895, que autoriza las emisiones de televisión en color.

• Ley N° 22.109, sobre aislamiento de enfermos o sospechosos de viruela.

• Ley N° 23.756, que habilita la microfilmación en organismos públicos.

• Ley N° 24.675, referida a auxiliares de la Justicia Nacional.

Además de las 63 leyes que serían derogadas en su totalidad, el proyecto también prevé modificaciones parciales sobre otras normas, entre ellas las leyes 22.963, 22.964 y 20.984.

Debate político

Desde el oficialismo defendieron la iniciativa como parte de un proceso de desregulación y simplificación normativa. Sostienen que la acumulación de leyes antiguas genera confusión, burocracia y costos innecesarios para el Estado y los ciudadanos.

La oposición, en cambio, cuestionó el tratamiento del proyecto y advirtió que algunas derogaciones podrían tener impacto en áreas sensibles como salud, cultura, producción o funcionamiento institucional.

Con la media sanción de Diputados, la Ley Hojarasca quedó ahora en manos del Senado, donde se definirá si el paquete de derogaciones impulsado por el Gobierno se convierte finalmente en ley