La intervención de la Caja Popular de Ahorros de Tucumán declaró la nulidad absoluta e insanable de la Resolución de Intervención N° 494/23, mediante la cual José César Díaz había sido designado como subgerente general adscripto de la institución. La medida fue adoptada en San Miguel de Tucumán, a través de la Resolución de Intervención N° 339/26, fechada el 19 de mayo de 2026, luego de un análisis impulsado a partir de un acuerdo del Tribunal de Cuentas de la Provincia. �

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Según el documento, el Tribunal de Cuentas, mediante el Acuerdo N° 1.348 del 29 de abril de 2026, dispuso la sustanciación de una comprobación sumaria en la Caja Popular para determinar la eventual existencia de perjuicios a raíz de la designación de Díaz en la planta permanente del organismo.

La resolución sostiene que la intervención legal de la entidad concluyó que el acto administrativo cuestionado presentaba vicios graves e insanables en aspectos vinculados con la competencia, la causa, el procedimiento, la motivación y la finalidad.

Uno de los puntos centrales del análisis refiere a que Díaz, en su carácter de subinterventor, habría suscripto una resolución que lo beneficiaba directamente. De acuerdo con el instrumento, la designación como subgerente general adscripto proyectaba efectos permanentes y excedía el marco conservatorio propio de la intervención.

El texto también señala que, al momento de dictarse la Resolución N° 494/23, no se verificaban los presupuestos que habilitaban la actuación del subinterventor en reemplazo del interventor. En ese sentido, el documento indica que no constaba licencia, impedimento, ausencia ni excusación documentada de la autoridad principal.

La intervención remarca además que la resolución anulada invocaba dictámenes jurídicos previos que, según el análisis actual, no examinaban la competencia del firmante ni el cumplimiento del régimen estatutario de ingreso a la planta permanente.

En sus considerandos, el organismo menciona normas de la Ley N° 4.537 de Procedimientos Administrativos y concluye que correspondía declarar la nulidad del acto por tratarse de un supuesto de nulidad absoluta e insanable.

Como consecuencia de la decisión, la Asesoría Letrada, junto con la Gerencia del Departamento Personal y la Contaduría General, deberán adoptar medidas para determinar el eventual perjuicio económico derivado de la anulación.

La resolución también ordena notificar a José César Díaz, disponer la instrucción de un sumario administrativo y designar a un instructor sumariante. Para esa tarea se fijó un plazo de 60 días.

Finalmente, la intervención resolvió comunicar lo actuado al Tribunal de Cuentas de Tucumán y encargó a la Gerencia General verificar el cumplimiento de las medidas dispuestas.