El ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, salió a responder públicamente a los cuestionamientos generados tras la difusión de una investigación periodística sobre una propiedad vinculada al gobernador Osvaldo Jaldo en Tafí del Valle. A través de una publicación en la red social X, el funcionario calificó las acusaciones como una “operación mediática” y sostuvo que la adquisición del inmueble se realizó dentro de parámetros legales y con respaldo documental.

Las declaraciones de Monteros surgieron luego de que trascendiera una nota periodística que abordó la compra de una casa de fin de semana valuada en US$300.000, vinculada al mandatario provincial. En ese contexto, el ministro afirmó que “cada vez que aparece una operación mediática” el oficialismo debe volver a explicar hechos que, según indicó, “ya están documentados”.

En su descargo, el funcionario provincial sostuvo que la compra de la propiedad “no fue una maniobra oculta ni una operación irregular”, sino una transacción “privada, bancarizada, escriturada y respaldada con una hipoteca”. Según explicó, la existencia de intervención bancaria y documentación formal permite establecer “trazabilidad” sobre el origen y la estructura financiera de la operación.

Monteros también respondió a las críticas relacionadas con la supuesta ausencia de declaraciones juradas vinculadas al paso de Jaldo por el Congreso de la Nación. Sobre ese punto, aseguró que el actual gobernador fue electo diputado nacional, pero nunca llegó a asumir la banca. “Osvaldo Jaldo fue electo, sí, pero nunca asumió esa banca, es más renunció a las 48 horas y ni tan siquiera fue proclamado. Por lo tanto, no se puede exigir como diputado en funciones a quien nunca ejerció ese cargo”, expresó el ministro en su publicación.

Durante su mensaje, Monteros vinculó la polémica actual con cuestionamientos anteriores dirigidos contra el Gobierno provincial. En ese sentido, recordó el episodio relacionado con los “supuestos 17.000 millones”, el cual derivó en una investigación por un presunto desfalco y movimientos bancarios que involucraban a la Municipalidad de Banda del Río Salí, y afirmó que en aquella oportunidad también se buscó instalar sospechas mediante una “operación política”.

Además, el titular de la cartera política sostuvo que el Gobierno provincial no puede centrar su gestión en responder permanentemente a denuncias mediáticas. “Hay una provincia que administrar en medio de un contexto nacional adverso, con caída de recursos, obras nacionales paralizadas y familias que hacen un esfuerzo enorme para llegar a fin de mes”, señaló.

En el tramo final de sus declaraciones, Monteros sostuvo que las principales preocupaciones sociales pasan por la situación económica cotidiana y no por “una noticia falsa ni un título armado”. Según expresó, la preocupación ciudadana está vinculada al aumento de precios, las dificultades para afrontar tarifas de servicios, la falta de empleo y la paralización de la obra pública.