El Gobierno nacional ratificó este lunes su decisión de avanzar con nuevos mecanismos de control sobre el financiamiento universitario, en medio de la convocatoria a una nueva marcha federal impulsada por sectores académicos y estudiantiles. Desde el Ministerio de Capital Humano defendieron la necesidad de transparentar el uso de recursos públicos y cuestionaron el funcionamiento actual del sistema de distribución de partidas para universidades y hospitales educativos.

La ministra Sandra Pettovello confirmó que el Ejecutivo trabaja en una serie de medidas orientadas a ampliar el acceso público a la información presupuestaria de las casas de estudio. Entre las iniciativas previstas figura la creación de una plataforma digital específica donde podrán consultarse datos vinculados a los fondos que reciben las universidades nacionales.

El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que actualmente existen dificultades para acceder a información consolidada sobre el sistema universitario debido a que la administración de determinados registros estadísticos depende del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Según explicó, esa situación dificultó durante años la publicación y actualización de datos oficiales.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario afirmó además que hacía tiempo no se elaboraban estudios sobre indicadores vinculados al rendimiento académico y al costo de formación de estudiantes y graduados, parámetros que consideró relevantes para evaluar el funcionamiento de las instituciones públicas de educación superior.

Pettovello, por su parte, rechazó las acusaciones sobre un supuesto intento de desfinanciar o cerrar universidades. La ministra aseguró que el objetivo oficial es garantizar una utilización eficiente de los recursos estatales y facilitar que la ciudadanía pueda conocer cómo se invierten los fondos provenientes de impuestos.

En ese contexto, el Gobierno también cuestionó los reclamos para que se aplique la ley de financiamiento universitario aprobada por el Congreso en 2025 y posteriormente vetada por el presidente Javier Milei. Álvarez argumentó que la norma perdió vigencia tras la sanción del Presupuesto nacional y sostuvo que parte de su contenido continúa judicializado.

El funcionario señaló que el expediente que actualmente analiza la Corte Suprema se limita a los artículos relacionados con salarios y becas estudiantiles. Además, indicó que el incremento salarial previsto en esa normativa implicaría, según la postura oficial, una erogación que el Estado no está en condiciones de afrontar.

De acuerdo con cifras difundidas por el Poder Ejecutivo, el sistema universitario argentino registra actualmente 1.980.136 estudiantes. Sin embargo, menos de la mitad mantiene condición regular, es decir, aprueba al menos dos materias por año.

El Gobierno también dio a conocer datos sobre el costo estimado por graduado en distintas universidades nacionales. Según el relevamiento oficial, la Universidad de las Artes encabeza el listado con más de $423 millones por egresado, mientras que la Universidad de Tierra del Fuego aparece en segundo lugar con más de $176 millones.

Otro de los puntos planteados por la administración nacional estuvo vinculado a la situación de estudiantes extranjeros. Desde Capital Humano remarcaron que las universidades aún no implementaron cobros de matrícula para alumnos no residentes, pese a la habilitación contemplada en un decreto nacional.

Álvarez mencionó particularmente el caso de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata, donde —según indicó— cerca de la mitad de la matrícula corresponde a estudiantes extranjeros. También aseguró que existieron pedidos vinculados al dictado de clases en portugués.

En paralelo, el Ejecutivo anticipó modificaciones en el esquema de financiamiento de hospitales universitarios. El subsecretario explicó que hasta ahora los refuerzos adicionales se asignaban sin criterios uniformes y anunció la creación de una comisión integrada por rectores para consensuar nuevas pautas de distribución.

Según detalló el funcionario, durante abril el Estado transfirió más de $150 millones para el funcionamiento de esos centros de salud universitarios, aunque no giró partidas extraordinarias complementarias que anteriormente se otorgaban de manera discrecional.

Desde el oficialismo sostienen que el nuevo esquema buscará establecer parámetros objetivos para definir el reparto de fondos entre las universidades que cuentan con hospitales propios.

Al cierre de la conferencia, Pettovello reiteró que la administración nacional no pretende eliminar la educación pública y remarcó la importancia de que la sociedad pueda acceder a información detallada sobre el funcionamiento y financiamiento del sistema universitario argentino.