El Gobierno nacional introdujo cambios en el Presupuesto 2026 a través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial. La medida redefine partidas destinadas al sistema previsional, financia el programa de retiros voluntarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y aplica nuevos recortes sobre distintas áreas de la administración pública nacional.

La disposición fue firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Andrés Caputo. Además de los cambios vinculados al sistema previsional, el texto contempla adecuaciones presupuestarias para el Consejo de la Magistratura y una redistribución de personal dentro de distintos organismos estatales.

Uno de los puntos centrales de la decisión administrativa es la ampliación en $500.000 millones del límite autorizado para afrontar sentencias judiciales previsionales y acuerdos transaccionales previstos en la Ley 27.260. Con esta actualización, el techo establecido por la Ley 27.798 asciende ahora a $712.288 millones.

Según detalla la normativa, la ampliación responde a pagos retroactivos derivados de reajustes sobre haberes del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La responsabilidad de ejecutar esos desembolsos recae sobre ANSES, organismo descentralizado que funciona bajo la órbita de la Subsecretaría de Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano.

La decisión administrativa también asigna nuevos recursos para cubrir el denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca implementado para trabajadores del organismo previsional. En ese marco, el Tesoro Nacional incorporó transferencias por $162 mil millones destinadas específicamente a gastos de personal.

El esquema de retiros voluntarios establecía como fecha límite de adhesión el 26 de abril. Entre las condiciones fijadas para acceder al beneficio figuraban la inexistencia de reclamos laborales pendientes y el compromiso de no volver a desempeñarse dentro del sector público nacional durante el período estipulado. También debían renunciar a cargos y tutela sindical quienes ejercieran funciones gremiales.

En paralelo, el artículo 2° de la medida adecúa la distribución de cargos y créditos para reflejar transferencias de personal ya definidas por decisiones administrativas previas. Entre ellas, se encuentra el traspaso de ocho trabajadores desde la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, así como movimientos entre el Ministerio de Defensa y organismos descentralizados.

La reorganización también incluye modificaciones dentro del Ministerio de Economía. Allí se formalizó el ingreso de un agente proveniente de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y el traslado de tres trabajadores desde la Secretaría de Minería hacia el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR).

Otro de los organismos alcanzados por la reestructuración presupuestaria es el Consejo de la Magistratura. La actualización incorpora un incremento de $115.194 millones para gastos de personal dentro del programa “Actividades Centrales” y otros $22 mil millones para bienes de uso destinados al programa “Justicia de Máxima Instancia”. El Ejecutivo justificó la medida en la necesidad de garantizar el funcionamiento operativo del organismo judicial.

Junto con las ampliaciones de partidas, la administración de Javier Milei avanzó con nuevos recortes presupuestarios orientados a fortalecer la meta de superávit fiscal acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La reducción más significativa impactó sobre el rubro “Otras Asistencias Financieras - servicios económicos”, dependiente de Obligaciones del Tesoro Nacional, con una poda de $1,47 billones. La decisión se vincula al proceso de reducción de subsidios y actualización tarifaria en servicios públicos.

Entre los programas afectados por los recortes también aparecen las partidas destinadas al uso racional y eficiente de la energía, infraestructura deportiva, repavimentación y mantenimiento de la Ruta Nacional 38 en el tramo Tucumán-Catamarca, el Fondo de Compensación Salarial Docente, programas oncológicos, iniciativas de integración social y políticas de integración socio-urbana.

De acuerdo con el detalle oficial, la Administración Central sufrió un ajuste neto de $2,5 billones, equivalente al 1,6% del presupuesto total. El Gobierno sostiene que, sumado al incremento de ingresos estimado en $565 mil millones, la modificación permitirá elevar la meta de superávit fiscal a más de $3 billones, alcanzando un total cercano a los $3,2 billones.