Se conoció que el vocero presidencial Manuel Adorni avanzó con la contratación de 14 encuestadoras por un monto cercano a los $230 millones, en el marco de tareas vinculadas a la medición de opinión pública y análisis de escenario político.

La decisión involucra a múltiples consultoras, que fueron incorporadas para relevar datos, elaborar estudios y aportar información estratégica. El volumen de recursos destinados y la cantidad de empresas incluidas en el esquema generaron atención en el ámbito político.

Según se informó, el objetivo de estas contrataciones es contar con herramientas de análisis que permitan evaluar percepciones sociales y tendencias, en un contexto donde la opinión pública adquiere un rol central en la toma de decisiones.

El monto total asignado a estas tareas asciende a casi $230 millones, distribuidos entre las 14 firmas seleccionadas. La diversidad de consultoras apunta a obtener distintas miradas y metodologías en la recolección y procesamiento de datos.

La utilización de encuestas como instrumento de gestión forma parte de prácticas habituales en la política contemporánea, aunque en este caso el volumen del gasto y la cantidad de proveedores involucrados colocan el foco en el uso de recursos públicos.

El esquema de contratación se inscribe en un contexto donde la información estadística y los estudios de opinión son considerados insumos clave para el diseño de estrategias comunicacionales y políticas.

El caso reabre el debate sobre la asignación de fondos para este tipo de servicios y la necesidad de transparentar los criterios utilizados en la selección de consultoras y en la distribución del presupuesto.