El proyecto de ley de Ficha Limpia que será debatido este jueves en la Legislatura de Tucumán concentra la atención política por su alcance y por cuestionamientos vinculados a su redacción técnica, especialmente en lo referido al ámbito de aplicación.

El dictamen propone establecer criterios de inhabilitación para acceder o permanecer en cargos públicos, pero en su formulación inicial omite la mención explícita de figuras como gobernador, vicegobernador, intendentes o miembros de la Corte Suprema, mientras sí detalla cargos de menor jerarquía. Esta situación generó dudas sobre posibles vacíos legales, aunque legisladores y especialistas aseguraron que esas autoridades están comprendidas dentro de la categoría general de cargos electivos.

En ese sentido, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse afirmó que todas las funciones electivas se encuentran incluidas en el proyecto, independientemente de su mención específica. Una interpretación similar planteó Rodolfo Ocaranza, quien sostuvo que el alcance abarca a la totalidad de los cargos elegidos por voto popular.

Sin embargo, el tratamiento de los cargos judiciales presenta mayores complejidades. El texto remite a la Ley Orgánica de Tribunales, que enumera determinadas funciones, pero no menciona de forma directa a los integrantes de la Corte Suprema ni a los titulares del Ministerio Público. Desde el oficialismo explicaron que la referencia incluye a toda la estructura judicial, aunque anticiparon que podrían introducirse modificaciones para evitar conflictos normativos.

En esa línea, Vargas Aignasse adelantó que durante el debate se incorporará un artículo orientado a garantizar la compatibilidad del proyecto con la Constitución Provincial, especialmente en lo referido a los mecanismos de remoción de autoridades que ya están regulados por esa norma.

Desde el ámbito académico, la especialista Nadima Pecci consideró que no existe un vacío legal en la iniciativa, ya que las restricciones se aplicarían automáticamente a todos los cargos electivos mediante la modificación de las leyes de partidos políticos. No obstante, cuestionó la calidad técnica del texto, al señalar inconsistencias con otras normas y posibles confusiones en el uso de conceptos jurídicos.

Otro de los ejes del debate gira en torno a la creación de un Registro Público Provincial de Ficha Limpia. El dictamen de mayoría propone que funcione bajo la órbita del Ministerio de Gobierno y Justicia, mientras que el despacho en minoría, impulsado por Agustín Romano Norri, plantea que esté a cargo del Poder Judicial y que incluya mecanismos de cooperación con la Justicia Federal.

En términos generales, la iniciativa establece que las personas con condenas en segunda instancia por delitos graves no podrán acceder ni permanecer en cargos públicos. Entre los delitos contemplados figuran hechos contra la administración pública, narcotráfico, delitos contra la integridad sexual, la vida y el orden constitucional, además de incluir a deudores alimentarios registrados.

El proyecto también determina que la inhabilitación se aplicará desde la sentencia de segunda instancia, sin que la presentación de recursos suspenda sus efectos. Asimismo, exige la presentación de declaraciones juradas por parte de los candidatos y habilita la posibilidad de impugnaciones por parte de ciudadanos u organizaciones.