El Senado comenzará este miércoles el tratamiento del proyecto de reforma de la ley de Salud Mental, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que introduce cambios en los criterios de internación y propone incorporar formalmente las adicciones como parte de las políticas de salud mental.

La discusión se llevará a cabo a partir de las 16.30 en un plenario conjunto de las comisiones de Salud y de Legislación General. La primera de ellas se constituirá ese mismo día y quedará presidida por la senadora de La Libertad Avanza Ivanna Marcela Arrascaeta, mientras que la segunda está a cargo de Nadia Márquez.

La iniciativa cuenta con el respaldo de familiares de personas con problemas de adicciones, quienes consideran que la normativa vigente no brinda respuestas adecuadas a estos casos. En contraposición, el proyecto es cuestionado por sectores del kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos.

Uno de los ejes centrales de la propuesta es la incorporación del consumo problemático de sustancias dentro del abordaje integral de la salud mental. El texto establece que el uso, abuso o adicción a drogas —tanto legales como ilegales— debe ser tratado contemplando las características individuales de cada persona y la etapa del consumo, garantizando los derechos previstos en la legislación.

En relación con las internaciones, el proyecto introduce modificaciones en los criterios vigentes. En lugar del concepto de “riesgo cierto e inminente”, se plantea la figura de “situación de riesgo grave de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, lo que habilitaría intervenciones en un espectro más amplio de situaciones.

Asimismo, se contempla la posibilidad de internaciones no voluntarias, es decir, sin el consentimiento del paciente, bajo determinadas condiciones. La iniciativa mantiene el carácter excepcional de este recurso terapéutico, que solo debería aplicarse cuando resulte más beneficioso que otras alternativas disponibles en el entorno familiar o comunitario.

El proyecto también establece que, en caso de una internación involuntaria, se deberá notificar a un juez dentro de las 24 horas y remitir la documentación correspondiente en un plazo de 48 horas.

En cuanto al enfoque de atención, la propuesta refuerza el rol del criterio médico dentro de los equipos interdisciplinarios. Si bien se mantiene la participación de distintas disciplinas, se establece como obligatoria la intervención de un médico psiquiatra y se otorga mayor peso a la evaluación clínica en decisiones vinculadas a diagnósticos, tratamientos e internaciones.

Además, se promueve el mantenimiento de vínculos sociales y familiares de las personas internadas, salvo en aquellos casos en que existan razones terapéuticas debidamente justificadas por el equipo de salud.