POLITICA
28 de abril de 2026
Tras haber sido denunciada por amenazas contra Chahla en 2023, Valeria Amaya fue designada directora en la Municipalidad
El Boletín Municipal oficializó su nombramiento en Movilidad Urbana. En 2023, había sido mencionada en una denuncia penal presentada por la propia Municipalidad.
La Municipalidad de San Miguel de Tucumán oficializó la designación de Nilda Valeria Amaya como directora de la Dirección de SUTRAPA, dependiente de la Subsecretaría de Movilidad Urbana, mediante el Decreto N°0160/SMU/2026, publicado en el Boletín Municipal N°4904 del 27 de abril de 2026. La decisión adquiere relevancia política porque Amaya había sido mencionada en diciembre de 2023 en una denuncia penal presentada por la propia Fiscalía Municipal por presuntas amenazas contra la intendenta Rossana Chahla.
Según el decreto, Amaya, fue designada para cumplir funciones al frente de la Dirección de SUTRAPA dentro del área de Movilidad Urbana. El texto oficial sostiene que reúne las condiciones de idoneidad y experiencia necesarias para desempeñar el cargo.
En diciembre de 2023, la Fiscalía de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán presentó una denuncia penal en la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, en la causa “Autores desconocidos s/ entorpecimiento de transporte o servicio público”, legajo S-105388/2023.
En esa presentación, el fiscal municipal Conrado Mosqueira informó que el municipio había tomado conocimiento de la presunta existencia de un grupo de WhatsApp utilizado para planificar y coordinar hechos violentos y posibles atentados contra la intendenta Rossana Chahla.
Entre las personas mencionadas en la denuncia se encontraba Valeria Amaya, quien además había sido reciente candidata a diputada por Juntos por el Cambio. El escrito también aludía a otros nombres y solicitaba que se evaluara la intervención de líneas telefónicas, el secuestro de celulares y la extracción de datos, sin perjuicio de otras medidas que la fiscalía interviniente pudiera considerar necesarias.
La denuncia incorporaba además capturas de publicaciones atribuidas a otra de las personas mencionadas, donde —según el planteo municipal— se exhibía un arma de fuego y se difundían consignas que la Fiscalía vinculó con una posible intencionalidad violenta.
La publicación del decreto plantea un interrogante: ¿cómo una persona señalada en una denuncia penal impulsada por la Municipalidad en 2023 fue incorporada ahora a una función jerárquica dentro del mismo municipio?
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