La legisladora nacional Marcela Pagano recurrió a la Justicia contra las más altas autoridades del Poder Ejecutivo. Su presentación penal alcanza al presidente Javier Milei, al responsable de Comunicación y Medios, Javier Lanari, y al jefe de la Casa Militar, el general de brigada Sebastián Ignacio Ibáñez. El eje del conflicto es la veda al ingreso de trabajadores de prensa que estaban habilitados con sus credenciales al edificio de Balcarce 50.

Según el escrito judicial, la diputada sostiene que el inmueble donde funciona el gobierno “no es propiedad privada”. En ese sentido, alertó que la clausura del acceso a los periodistas constituye “el primer paso para silenciar cualquier voz disidente”, con el consiguiente perjuicio al ejercicio del periodismo libre y al derecho de la ciudadanía a estar informada.

A través de sus cuentas oficiales en redes sociales, Pagano se preguntó con qué autoridad el Presidente y sus colaboradores pueden definir a discreción quién entra y quién queda afuera de un espacio público. Vinculó la decisión con métodos propios de regímenes autoritarios que ya sufrió el país en el pasado. Al hacer pública la denuncia, concluyó con un mensaje en mayúsculas: “NO NOS VAN A CALLAR”.

La denuncia asegura que el bloqueo al ingreso de los cronistas produce un perjuicio constante e imposible de reparar sobre el sistema republicano, la libertad de prensa y la labor profesional del periodismo. Asimismo, señala que la restricción se impuso sin un acto administrativo que la fundamente, sin aviso previo a cada periodista damnificado, sin un sumario que lo respalde y sin una decisión debidamente motivada.

El texto presentado ante los tribunales remarca un dato histórico: la Sala de Periodistas de la Casa Rosada funcionó sin interrupciones durante todas las gestiones democráticas desde 1983 y, según consta en archivos periodísticos, también durante los gobiernos de facto. Por lo tanto, califica la disposición del 23 de abril de 2026 como “una ruptura sin precedentes de la continuidad institucional argentina en materia de relación Estado-prensa”.

En su argumentación jurídica, Pagano menciona que las acciones denunciadas violentan preceptos de rango constitucional y supralegal. Cita los artículos 14 (que garantiza la libertad de publicar ideas sin censura previa), 32, 33, 43 y el principio republicano del artículo 1°, que exige la publicidad de los actos de gobierno. Agrega que los funcionarios imputados podrían haber cometido delitos como abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes propios de su cargo e impedir el ejercicio de un derecho, entre otras figuras.

El argumento oficial: caducidad de credenciales y una investigación en curso

Voceros del Ejecutivo, en tanto, ofrecieron su versión de los hechos. Explicaron que la administración de Milei resolvió vedar el acceso de toda la prensa acreditada a la Casa Rosada en el contexto de una indagación por un supuesto “espionaje ilegal”. Añadieron que esa resolución se tomó semanas después de que ya se hubiera bloqueado el ingreso del medio El Destape y de otras redacciones.

Las mismas fuentes informaron que se resolvió eliminar las huellas dactilares de los periodistas acreditados como medida preventiva, y que la restricción afecta a todos los medios del país. Desde el Gobierno vincularon esa decisión con la investigación a raíz de la difusión de unos videos que se emitieron recientemente en el programa de Luciana Geuna por Todo Noticias (TN), hecho que impulsó a la Casa Militar a presentar una denuncia penal contra los autores de esas filmaciones.

El Poder Ejecutivo también aclaró que se revocó la prórroga de las acreditaciones que estuvo vigente durante abril. Argumentaron que esos permisos vencieron el último día de marzo y que el Gobierno se encuentra abocado al proceso anual de reempadronamiento. Según las fuentes oficiales, hasta que no concluya ese reempadronamiento no se permitirá el ingreso de periodistas a la Casa Rosada.

La acción judicial promovida por Pagano tiene como objetivo que el Poder Judicial se expida sobre la legitimidad y legalidad de la medida. La diputada requiere que se ordene la inmediata restitución del acceso a la prensa acreditada y que se investiguen las posibles responsabilidades penales y administrativas de los funcionarios denunciados, en protección del derecho a la información y de los principios republicanos vinculados a la publicidad de los actos de gobierno.