Esta mañana, en el recinto de la Legislatura, la Comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales llevó adelante una reunión ampliada para abordar las iniciativas sobre Ficha Limpia. La presidenta del cuerpo, Carolina Vargas Aignasse, condujo el encuentro en el que expusieron la Fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, y los diputados Gerónimo Vargas Aignasse y José Macome.

Los fundamentos del proyecto oficial

La representante del Ejecutivo provincial abrió las presentaciones. Defendió el texto remitido por el gobernador y subrayó la urgencia de su tratamiento. Según explicó, la ciudadanía tiene reparos sobre el accionar de los dirigentes políticos, más allá de que esos cuestionamientos sean fundados o no. Por eso, una ley de estas características constituye una herramienta para reconstruir el vínculo entre la sociedad y sus representantes.

El proyecto oficial establece que ninguna persona con condena firme en segunda instancia podrá candidatearse a un cargo electivo ni recibir una designación política. La inhabilitación abarca delitos de corrupción pública (cohecho, malversación, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias), fraude al Estado, ilícitos económicos y financieros, narcotráfico, homicidio, delitos sexuales, privación ilegítima de la libertad, atentados contra la seguridad pública y crímenes ambientales. También quedan excluidos los deudores alimentarios morosos y quienes tengan penas superiores a cinco años de prisión.

La normativa prevé la creación de un registro público provincial de acceso libre. Ese listado se alimentará con datos que el Poder Judicial deberá remitir periódicamente. Además, los aspirantes a cargos públicos deberán presentar una declaración jurada que acredite que no están alcanzados por las causales de inelegibilidad.

Una novedad del texto es la habilitación a cualquier particular u organización para impugnar candidaturas o nombramientos que violen las condiciones de Ficha Limpia.

El umbral de la segunda instancia

Pedicone de Valls justificó por qué el proyecto toma como referencia la condena en segunda instancia y no antes. Señaló que la segunda instancia implica una revisión completa del fallo por un tribunal superior, con posibilidad de producir nueva prueba. En cambio, la tercera instancia (Corte) solo revisa aspectos jurídicos, no fácticos. Por lo tanto, considerar la segunda instancia como límite ofrece un equilibrio entre la necesidad de excluir a quienes tienen una condena firme y el derecho a la presunción de inocencia.

La postura alternativa: primera instancia

A continuación, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse expuso su propio proyecto. Su iniciativa es más rigurosa: inhabilita a quienes tengan condena en primera instancia por delitos graves. Sostuvo que la sociedad necesita un mensaje nítido: quien aspire a la función pública debe exhibir una conducta intachable.

Aclaró que no se está afirmando la culpabilidad del condenado, sino que existe un juicio moral adverso cuando un juez ya dictó una sentencia condenatoria en el primer nivel. Para él, el currículum de un candidato es su principal herramienta de campaña, y si ese currículum contiene una mancha judicial, no debería tener habilitación para competir.

Continuidad del debate

Al cierre de la reunión, Carolina Vargas Aignasse informó que el diálogo se extendió por más de dos horas. Aún quedan dos legisladores por exponer, y en la próxima convocatoria —pautada para el martes venidero— se sumarán académicos especialistas en derecho constitucional y procesal. Luego de esa jornada, estimó, la comisión podría redactar un dictamen consensuado.

La legisladora destacó que el objetivo común es sancionar una ley robusta en términos de calidad institucional, transparencia y recuperación de la credibilidad en los funcionarios públicos.

Antecedentes de la jornada

Previo a la sesión de la comisión, el vicegobernador Miguel Acevedo mantuvo un encuentro en su despacho con la Fiscal de Estado y los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales. También participaron el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, y decenas de legisladores de distintos bloques.