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POLICIALES

16 de abril de 2026

Revocaron la prisión preventiva al adolescente de 17 años que llevó un revólver a la escuela El Salvador

Una jueza de Impugnación liberó al menor, quien permanecía detenido desde el 7 de abril. Continuará procesado y deberá cumplir medidas impuestas por la Justicia, además de recibir atención psicológica.

El adolescente de 17 años que provocó conmoción en la comunidad educativa tucumana al ingresar a su escuela con un arma de fuego recuperó la libertad. La decisión fue adoptada por una jueza de Impugnación, quien dejó sin efecto la prisión preventiva de 59 días que había sido dictada previamente por una magistrada del fuero de Niños, Niñas y Adolescentes.

Pese a su liberación, el joven continuará procesado en la causa y deberá someterse a una serie de medidas impuestas por el Poder Judicial. El regreso a su hogar se produjo bajo vigilancia de sus padres y con el seguimiento de una comisión multidisciplinaria dependiente del Ministerio de Educación.

El hallazgo del arma en plena clase y la versión del estudiante

El alarmante episodio tuvo lugar el pasado 7 de abril en la escuela El Salvador. Según relató la auxiliar fiscal Jimena Castro, la situación se destapó cuando a un compañero del acusado se le cayeron varias balas mientras intentaba extraer un objeto de su bolsillo. El testigo dio aviso a las autoridades escolares, que a su vez alertaron a la Policía.

Los agentes lograron quitarle al adolescente un revólver calibre 38 y seis cartuchos que no estaban colocados en el arma. No se registraron incidentes durante el procedimiento. Las pericias posteriores confirmaron que el arma era operativa y que las balas se hallaban en perfectas condiciones. Por estos motivos, el menor fue acusado de tenencia de arma de guerra.

En cuanto a su defensa, el joven habría declarado: “Esa arma no es mía, me la encontré y la llevé para mostrarles a mis compañeros”. El padre del adolescente, por su parte, argumentó que el revólver había sido entregado por un amigo para que se lo “cuidara” y que su hijo lo tomó sin permiso.

El perfil del menor: sin antecedentes y trabajador desde los 12 años

El informe elaborado por el Centro de Admisión y Derivación (CAD) trazó un perfil particular del joven. Los especialistas destacaron que no posee antecedentes penales, no presenta problemas de adicciones y trabaja desde los 12 años como changarín en el Mercofrut, asumiendo responsabilidades y conductas propias de un adulto.

Su entorno familiar, radicado en el barrio Autopista Sur, está compuesto por trabajadores que no perciben planes sociales. Sobre la base de ese diagnóstico, los expertos recomendaron que el menor reciba atención psicológica adecuada a su situación.

El paso por el instituto Cura Brochero y la apelación que cambió el rumbo

Inicialmente, el adolescente fue derivado al Instituto Cura Brochero, ubicado en el penal de Benjamín Paz, por decisión de la jueza Elizabeth Raddi. La defensa del joven apeló esa medida. En una audiencia a puertas cerradas, la jueza Laura Casas escuchó a especialistas de la Comisión Nacional contra la Tortura y de la Dinaf, quienes consideraron que la privación de libertad era “excesiva”. A partir de esas intervenciones, la magistrada dispuso la liberación del menor.

El contexto de psicosis escolar en Tucumán

La liberación de este alumno se produce en uno de los momentos de mayor tensión para la comunidad educativa tucumana. En los últimos días, una ola de amenazas de tiroteos y mensajes intimidatorios afectó a varios establecimientos de la provincia, generando un peligroso “efecto contagio”.

En colegios de la capital, como el San Francisco y el Guillermina, aparecieron pintadas en los baños con la leyenda “Mañana tiroteo, no vengan”. Esas imágenes se viralizaron rápidamente a través de los grupos de WhatsApp de los alumnos, sembrando el terror entre los padres.

Este mismo jueves, la Escuela Técnica N.º 1 de Alberdi amaneció con la amenaza “Los voy a matar a todos”. Frente a la incertidumbre, las familias decidieron no enviar a sus hijos a clases por falta de garantías.

Ante la crisis, la Jefatura de Policía desplegó más de 2.000 efectivos para custodiar los ingresos de las escuelas. Además, se habilitó a los directivos a realizar requisas en las mochilas de los estudiantes, una medida extrema que busca evitar que episodios como el del adolescente de la escuela El Salvador —hoy en libertad— terminen en una tragedia.

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