El Senado pone en marcha esta tarde el debate en comisión del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que el Gobierno espera sancionar en los últimos días de abril o los primeros de mayo. La discusión previa al dictamen se extenderá durante la semana próxima, donde se analizarán modificaciones al texto original.

La reunión plenaria de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General comenzará a las 16. Ambas son presididas por los legisladores de La Libertad Avanza Agustín Coto y Nadia Márquez, respectivamente.

El proyecto oficial abarca varios frentes: la defensa del derecho de propiedad, la eliminación de restricciones para que ciudadanos extranjeros adquieran tierras en el país, modificaciones en la ley de barrios populares, un mecanismo ágil de desalojo y cambios en la normativa sobre Manejo del Fuego.

Los puntos que generan mayores controversias entre los aliados del oficialismo son dos: las reformas al Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana (ley de barrios populares) y la supresión de los topes a la compra de campos por parte de extranjeros.

Coto defendió la iniciativa al señalar que “responde a la agenda que los argentinos eligieron en las últimas elecciones, y que avanza en consolidar seguridad jurídica y reglas de juego claras”.

La jornada de hoy contará con la exposición de una serie de invitados propuestos por el peronismo. Entre ellos se encuentran el abogado constitucionalista Daniel Sabsay; el referente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz; el representante de la Mesa de Barrios Populares de Bariloche, Luciano Celsi; la exfuncionaria del RENABAP Fernanda Monticelli; y el vicerrector de la UBA y exdecano de las facultades de Arquitectura y Diseño de la misma casa de estudios, Jaime Smith.

También asistirán el director provincial del Registro de la Propiedad Inmueble de la Provincia de Buenos Aires, Ariel Rondan Piacetti, y el director ejecutivo de Techo Argentina y expresidente del Instituto de Vivienda de la CABA, Juan Ignacio Maqueyra.

La semana pasada ya se había iniciado el tratamiento con la participación del extitular del Ministerio de Desregulación, Federico Sturzenegger. La iniciativa es una de las reformas centrales que promueve el Gobierno y forma parte del paquete de medidas anunciadas por el presidente Javier Milei.

Expropiaciones y desalojos

En materia de expropiaciones, el proyecto establece un procedimiento “sumarísimo” para la restitución de inmuebles, que exige únicamente la acreditación del título de propiedad. Se incluyen “garantías del debido proceso y control judicial en todas las etapas”, pero con el objetivo de evitar los extensos plazos judiciales que hoy demoran la entrega de la propiedad a su legítimo dueño.

Tierras rurales para extranjeros

El texto firmado por Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y todos los ministros elimina los límites vigentes desde 2011 —durante el gobierno de Cristina Kirchner— que restringían la adquisición de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.

El fundamento oficial sostiene que aquellas restricciones constituían “una limitación irrazonable” que desincentivaba la inversión internacional, especialmente en el sector agropecuario. La nueva redacción propone concentrar los controles únicamente en aquellos casos donde estén involucrados Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos, “asegurando un correcto resguardo de la soberanía y la seguridad nacional”.

Manejo del Fuego

El proyecto también deroga artículos centrales de la ley de Manejo del Fuego impulsada en 2020 por el diputado Máximo Kirchner. Esa norma prohibía durante 60 años la venta de humedales, bosques nativos y áreas protegidas que hubieran sufrido incendios, y durante 30 años el cambio de destino de zonas agrícolas afectadas por el fuego.

El Gobierno sostiene que esos plazos extremadamente prolongados, lejos de garantizar una correcta restauración ambiental, afectan de manera irrazonable el ejercicio del derecho de propiedad. “En los hechos, se ha demostrado que no resultan eficientes para alcanzar la finalidad perseguida”, concluye el texto oficial.