Un conjunto de diputados nacionales pertenecientes a diferentes bloques opositores ingresó al Congreso un proyecto de ley que propone una reforma integral al régimen de licencias por parentalidad. La iniciativa, cuya normativa base data de 1974, busca ampliar derechos, fomentar la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos y adaptar la legislación a las transformaciones sociales y laborales de las últimas décadas.

La propuesta está encabezada por la diputada Vanesa Siley (Unión por la Patria). Entre sus puntos centrales se encuentra la extensión de la licencia para el progenitor no gestante —actualmente de solo dos días corridos— a un total de 30 días. La implementación de esta medida sería gradual: durante los primeros dos años regirá una licencia de 20 días, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema durante la transición.

El proyecto también crea una licencia parental compartida de 20 días corridos. Ese período podrá ser distribuido libremente entre ambos progenitores a lo largo del primer año de vida del bebé, con la intención de promover una participación más equitativa en las tareas de cuidado desde el nacimiento.

En materia de adopciones, la iniciativa establece una licencia de 30 días corridos para las personas adoptantes, que comenzará a correr a partir de la notificación judicial de la guarda. Además, contempla situaciones particulares como nacimientos múltiples, partos prematuros o bebés que presenten complicaciones de salud, para los cuales se agregan cinco días adicionales de licencia.

Uno de los aspectos más innovadores es la incorporación de los monotributistas y los trabajadores autónomos al sistema de licencias parentales, un sector históricamente excluido de estos beneficios. Para ellos, se prevén asignaciones económicas equivalentes al salario mínimo vital y móvil durante el período de licencia, siempre que cumplan con requisitos como una antigüedad mínima de 18 meses y estar al día con los organismos de recaudación.

El proyecto también modifica el sistema de financiamiento. En el régimen actual, las licencias por paternidad son cubiertas por el empleador. La nueva propuesta establece que todas las licencias parentales pasen a ser financiadas por el sistema de seguridad social. Según los fundamentos, esta modificación busca evitar costos adicionales para las empresas y garantizar un acceso más equitativo a los beneficios.

El texto plantea abandonar el paradigma centrado exclusivamente en la protección de la maternidad y avanzar hacia un modelo basado en la corresponsabilidad parental. Los legisladores sostienen que el esquema vigente resulta “insuficiente” y contribuye a reproducir desigualdades estructurales en el acceso y desarrollo laboral de las mujeres.

La iniciativa cuenta con las firmas de referentes de distintos espacios políticos: Nicolás Massot (Encuentro Federal), Mónica Frade (Coalición Cívica), Esteban Paulón (Provincias Unidas), Karina Banfi (Adelante Buenos Aires), Sergio Palazzo (Unión por la Patria), Kelly Olmos (Unión por la Patria), Mario Manrique (Unión por la Patria), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) y Marina Salzmann (Unión por la Patria).

El proyecto prevé mecanismos de seguimiento con informes periódicos al Congreso para evaluar su implementación. El objetivo de fondo, según se explicita en el texto, es avanzar hacia un sistema más justo e inclusivo que reconozca el cuidado como una función social compartida y garantice mejores condiciones para el desarrollo en la primera infancia.