El ministro de Economía, Luis Caputo, habría solicitado a todas las carteras del Ejecutivo Nacional que reduzcan en un 20 por ciento sus gastos burocráticos. El pedido, que aún no fue formalizado de manera oficial, trascendió en las últimas horas como parte de una nueva etapa de ajuste fiscal impulsada por el presidente Javier Milei.

La medida apunta a “profundizar” el recorte del gasto público que el Gobierno viene ejecutando desde el inicio de la gestión. Según las versiones que circularon en ámbitos políticos y económicos, el requerimiento alcanza a todos los ministerios, incluso aquellos cuyas partidas presupuestarias para el ejercicio 2026 ya se encontraban asignadas.

El contexto en el que surge esta solicitud está marcado por una caída en la recaudación tributaria. Desde el Palacio de Hacienda buscarían mantener el denominado “ancla fiscal” para cumplir con las metas de superávit financiero proyectadas en el Presupuesto 2026.

A pesar de que el anuncio no fue comunicado oficialmente, ya generó repercusiones negativas en sectores sociales y sindicales. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ha manifestado en ocasiones anteriores su rechazo a este tipo de medidas. En esta oportunidad, el gremio advierte sobre las consecuencias que podría tener el recorte en los trabajadores públicos, especialmente en áreas consideradas sensibles como salud, educación y seguridad.