El Concejo Deliberante de Yerba Buena comenzó a analizar una reforma profunda en su sistema de recaudación tributaria a partir de dos proyectos de ordenanza presentados por el interbloque de La Libertad Avanza. Las iniciativas, impulsadas por los concejales Álvaro Apud y Mercedes Moraiz, apuntan a prohibir que el municipio cobre sus tasas a través de las facturas de servicios esenciales como la electricidad y, en paralelo, crear una Boleta Única Municipal de gestión propia.

La propuesta central cuestiona directamente la modalidad vigente que utiliza las boletas de EDET S.A. para incluir gravámenes locales. Según los autores del proyecto, esta práctica resulta “coercitiva” porque condiciona el acceso a servicios básicos —como la energía eléctrica— al pago de obligaciones impositivas municipales. Para sostener el cambio, los ediles se respaldan en la Ley de Defensa del Consumidor y en resoluciones nacionales recientes que exigen que las facturas se limiten exclusivamente al servicio contratado.

Si la normativa se aprueba, el municipio de la “Ciudad Jardín” dispondrá de un plazo de 180 días para desmontar el sistema actual y transferir toda la recaudación a los canales oficiales de la Dirección de Rentas local. De esta forma, se busca eliminar las distorsiones que hoy afectan el bolsillo de los vecinos y garantizar que el impago de una tasa municipal nunca ponga en riesgo el suministro eléctrico de un hogar.

Como complemento a la salida de las boletas de servicios, el segundo proyecto propone la creación de la Boleta Única Municipal. Este nuevo instrumento unificaría todas las obligaciones fiscales en un solo documento, detallando con precisión el destino de cada peso abonado por el contribuyente.

La reforma no es solo administrativa, sino también tecnológica. El esquema prevé tres ejes principales:

• Digitalización total: un portal web personalizado para consultas y pagos en línea.

• Beneficios al contribuyente: incentivos económicos para quienes opten por el pago anual o anticipado.

• Eficiencia administrativa: un sistema de reclamos con respuesta obligatoria por parte del Estado municipal en un máximo de 15 días.

Con este nuevo esquema, el bloque libertario busca terminar con lo que consideran un método de cobro indirecto y opaco, devolviéndole al vecino el control sobre sus finanzas. Las propuestas ya se encuentran en manos de las comisiones del cuerpo deliberativo para su próximo tratamiento.