Un nuevo capítulo judicial se abrió en la disputa entre el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, y la diputada nacional Soledad Molinuevo, referente de La Libertad Avanza. El juez Pedro Cagna, a cargo de la Sala V del fuero Civil y Comercial de la Capital, le dio a la legisladora un plazo de 48 horas para acatar una sentencia previa que le ordenaba eliminar de sus redes sociales publicaciones consideradas agraviantes contra el mandatario provincial.

En su resolución, el magistrado fue contundente: si Molinuevo no cumple dentro del tiempo estipulado, podrían aplicarse sanciones económicas progresivas (multas por cada día de demora) o medidas por desobediencia a una orden judicial, tal como lo prevén el Código Procesal Civil y Comercial de Tucumán y el Código Civil y Comercial de la Nación.

Tres golpes judiciales consecutivos

La intimación representa el tercer revés que sufre la diputada en este expediente. El origen del conflicto se remonta al 15 de marzo, cuando Cagna dictó una medida autosatisfactiva a raíz de una presentación de Jaldo, patrocinada por su abogada Paula Morales Soria. En esa ocasión, el juez ordenó a Molinuevo borrar de sus perfiles públicos una serie de posteos que, entre otros conceptos, vinculaban al gobernador con “prácticas mafiosas” y lo hacían responsable de “todo lo que pudiera pasarles” tanto a ella como a su familia y a los integrantes de su espacio político.

Aquellos mensajes se publicaron en el marco de las repercusiones por la agresión que sufrió el diputado nacional Federico Pelli (también de La Libertad Avanza), quien fue atacado en la localidad de La Madrid por Marcelo “Pichón” Segura, un empleado de la comuna de Los Ralos.

Tras la medida inicial, Molinuevo presentó un recurso de revocatoria con el patrocinio del abogado José Ricardo Tomás Paz. El juez rechazó ese pedido. Si bien concedió la apelación, mantuvo vigente la resolución de marzo, es decir, la orden de eliminar las publicaciones seguía en pie.

Denuncia por incumplimiento y nueva intimación

Como los posteos continuaban activos en las redes de la diputada, la abogada Morales Soria denunció el incumplimiento de la sentencia y solicitó al tribunal que adoptara medidas para hacerla efectiva. Fue entonces cuando Cagna dictó la nueva resolución: intimar a Molinuevo para que en 48 horas dé cumplimiento a lo ordenado el 15 de marzo.

El texto del magistrado fue claro: “Atento a lo solicitado, intímese a la parte demandada a dar cumplimiento en el término de 48 horas con lo resuelto en pronunciamiento de fecha 15 de marzo de 2026, haciéndole saber que en caso de no cumplir con lo allí dispuesto se aplicará el apercibimiento que por derecho corresponda por desobediencia de una orden judicial y/o sanciones conminatorias por cada día de demora”.

Los argumentos de la diputada

Molinuevo cuestiona la competencia del fuero ordinario para entender en esta causa. Sostiene que debería tramitar ante la Justicia Federal. Además, alega que la resolución que le exige borrar sus publicaciones constituye una forma de censura y una violación de sus prerrogativas constitucionales como miembro del Congreso de la Nación (fueros parlamentarios).

Sin embargo, hasta el momento, el juez Cagna no ha hecho lugar a esos planteos y mantiene firme su orden. El plazo de 48 horas corre desde la notificación de la intimación. Si la diputada no acata, se expone a multas progresivas que podrían acumularse día a día, además de eventuales sanciones por desacato.

El caso suma tensión a la ya compleja relación entre el gobierno provincial y los referentes de La Libertad Avanza en Tucumán, en un contexto de fuertes cruces políticos y judiciales.