La vía de una salida alternativa para el secretario de Energía de la Provincia, Martín Sebastián Viola, quedó definitivamente cerrada. El fiscal federal Agustín Chit rechazó la propuesta de reparación integral presentada por el funcionario en el marco de la causa que investiga la presunta utilización ilegítima del documento de identidad de un tercero para publicar comentarios difamatorios. Con esta decisión, el expediente continuará su curso en la Justicia Federal y Viola deberá prestar declaración indagatoria como imputado.

El rechazo se produjo luego de que el representante del Ministerio Público Fiscal evaluara como insuficiente el resarcimiento económico ofrecido por el funcionario. Además, Chit advirtió que no se habían cumplido las disculpas públicas que formaban parte de las condiciones establecidas en la instancia de mediación. Ambos incumplimientos sellaron la suerte del acuerdo.

El origen de la causa

La investigación se remonta a comentarios publicados en el diario La Gaceta contra Alejandro Sangenis, un funcionario municipal. Según los elementos reunidos, esos mensajes habrían sido realizados desde una cuenta digital creada utilizando el número de documento de Julián Echazú Toneatti. La suscripción que permitía efectuar esas publicaciones fue abonada con una tarjeta de crédito vinculada a Viola, y la cuenta se habría activado desde una dirección IP asociada al funcionario.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores es que tanto el imputado como la víctima residían en el mismo edificio. Allí, Echazú Toneatti había denunciado tiempo atrás la pérdida de su billetera, que contenía su documento nacional de identidad. Desde el inicio del expediente, Viola negó toda responsabilidad y sostuvo que había sido víctima de un hackeo de sus cuentas bancarias, una hipótesis que presentó para desligarse del pago de la suscripción y de la maniobra investigada.

Las condiciones que no se cumplieron

Durante una audiencia de acercamiento, la Fiscalía había ofrecido a Viola la posibilidad de cerrar el conflicto mediante una reparación integral. La propuesta contenía dos exigencias centrales. La primera: publicar disculpas públicas en el mismo medio donde se habían difundido los agravios. La segunda: realizar un aporte económico significativo destinado a colaborar con los damnificados por las inundaciones en el sur de Tucumán.

Sin embargo, cuando la defensa del funcionario formalizó su propuesta por escrito, omitió por completo las disculpas públicas y ofreció una suma que el fiscal calificó como “absolutamente insuficiente” en relación con la gravedad del caso y el perjuicio ocasionado. Esa doble falencia motivó el rechazo y el pedido formal de clausura de la mediación.

La postura de la querella

La abogada Stella Belén Salas, representante legal de Echazú Toneatti, ratificó su rechazo al acuerdo y solicitó que la investigación continúe hasta sus últimas consecuencias. A su criterio, no corresponde cerrar un expediente de esta naturaleza con una propuesta que no repara ni el daño moral ni el perjuicio institucional que generó la maniobra denunciada.

La letrada subrayó que el uso indebido de la identidad de una persona para intervenir en un debate público y atacar a un tercero constituye un hecho de especial gravedad, más aún cuando el acusado ocupa un cargo de relevancia dentro del Estado provincial. Por eso, insistió en que deben completarse todas las medidas de prueba para esclarecer cómo se produjo la utilización del DNI de Echazú Toneatti y determinar con precisión las responsabilidades penales.

Los pasos que vienen

Con la instancia de acuerdo frustrada, la causa retoma impulso en el Juzgado Federal N° 2, actualmente a cargo del juez subrogante Guillermo Díaz Martínez. El magistrado deberá avanzar con el llamado a indagatoria de Viola, lo que implica citarlo formalmente para que ejerza su defensa como imputado.

A partir de esa audiencia, el juez podrá evaluar si corresponde profundizar la acusación y eventualmente dictar nuevas resoluciones. La investigación se apoya en informes técnicos, registros bancarios y peritajes informáticos que, según la Fiscalía, sostienen la hipótesis de una maniobra de uso ilegítimo de identidad digital.