El oficialismo prepara el envío al Congreso de un nuevo proyecto de Ley de Salud Mental, tal como lo anunció el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta en la red social X. La iniciativa busca reemplazar la norma vigente desde 2010, actualizándola a partir de un relevamiento de problemas detectados en la práctica diaria.

Según fuentes del Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, el texto legislativo tiene como objetivo “mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario” frente a situaciones que actualmente no encuentran un adecuado encuadre legal. Entre los puntos centrales, se aspira a “clarificar” conceptos y criterios que hoy resultan ambiguos y generan demoras en las intervenciones.

Para la elaboración del proyecto, el Gobierno realizó un relevamiento de testimonios no solo de familiares, pacientes y profesionales de la salud mental, sino también de actores del ámbito judicial y legislativo. De ese diagnóstico surgieron limitaciones concretas: solo 16 de las 23 jurisdicciones del país adhirieron formalmente a la ley vigente, y únicamente existen 18 hospitales generales con servicios de salud mental.

Precisión diagnóstica y cambio de criterios

En la administración libertaria consideran que el término “padecimiento mental” que utiliza la ley actual es “ambiguo” y “demasiado amplio”, lo que complicaría los diagnósticos y demoraría las intervenciones. Por eso, el proyecto propone adoptar la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10 y sus sucesivas actualizaciones), incorporando el concepto de “trastornos mentales o del comportamiento” para lograr mayor precisión clínica.

Otro cambio sustancial es el reemplazo del criterio actual por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”. Desde el Ministerio de Salud explicaron que esta modificación apunta a permitir “intervenciones más oportunas y preventivas” en casos de emergencia.

Internaciones: excepcionales pero necesarias

El proyecto mantiene el principio de que la internación debe ser un “recurso excepcional”, pero agrega el adjetivo de “necesario”. En ese marco, se establece que los psiquiatras podrán indicar una “internación involuntaria”, que luego deberá ser ratificada por un equipo interdisciplinario.

Uno de los cambios más significativos es la extensión del plazo para la notificación judicial. La ley actual fija 10 horas; el nuevo proyecto propone elevarlo a 24 horas. En cuanto a las internaciones voluntarias, si un paciente solicita el alta, se evaluará su capacidad y, de estar afectada, la internación podrá transformarse en involuntaria, con la correspondiente notificación a la Justicia.

Fortalecimiento de la red de atención

En otro pasaje, el proyecto propone fortalecer la red de atención en salud mental, con un lugar destacado para los hospitales especializados. Esto implica un giro respecto de la ley vigente, que impulsa el cierre de los hospitales psiquiátricos. Actualmente existen en el país 30 instituciones monovalentes públicas y al menos 139 privadas.

Además, se propone ampliar la participación del Ministerio de Salud en el Órgano de Revisión, incorporando áreas técnicas como la Dirección Nacional de Salud Mental, la Dirección de Habilitación y Fiscalización y la SEDRONAR. De esta manera, el Ejecutivo busca una mayor presencia estatal en el control y seguimiento de las políticas de salud mental.

El proyecto deberá ahora recorrer el camino legislativo en el Congreso, donde se espera un debate sobre los alcances de estas modificaciones, especialmente en lo referido a las internaciones involuntarias y el rol de los hospitales especializados frente al modelo comunitario que promovía la ley de 2010.