El bloque oficialista de la Cámara baja acelera los tiempos parlamentarios para lograr un dictamen de urgencia el próximo martes sobre el proyecto que modifica la Ley de Glaciares, con la mira puesta en sancionar la nueva norma entre el miércoles 8 y el jueves 9 de abril. La movida responde a un reclamo concreto de los gobernadores aliados que integran la denominada Mesa del Cobre, quienes buscan destrabar inversiones millonarias en el sector minero.

Como paso inicial, la Cámara de Diputados convocó a una reunión plenaria de comisiones para el martes 7 a las 14. El objetivo del oficialismo es firmar allí el dictamen y allanar el camino para la sanción definitiva en una sesión programada para el miércoles en el recinto. El plenario estará integrado por las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano –presidida por José Peluc– y de Asuntos Constitucionales –a cargo de Nicolás Mayoraz–.

La dinámica del encuentro incluirá, en una primera etapa, una instancia informativa con la exposición de invitados –entre los que figurarían gobernadores provinciales– y, posteriormente, la rúbrica de los dictámenes. Esta reunión se da luego de las Audiencias Públicas celebradas el 25 y 26 de marzo, en las que expusieron aproximadamente 200 oradores de manera presencial y otros 200 en modalidad virtual, sobre un total de 100 mil inscriptos. Ese proceso generó el rechazo de organizaciones ambientalistas y de bloques opositores.

En cuanto a los números en el recinto, fuentes parlamentarias de La Libertad Avanza manifestaron optimismo: confían en alcanzar los 129 diputados necesarios para abrir la sesión, habilitar el debate y convertir en ley el proyecto que ya obtuvo media sanción del Senado el 26 de febrero. La Libertad Avanza dispone de 94 votos propios –el presidente de la Cámara, Martín Menem, solo ejerce su voto en casos de mayorías agravadas o empates– y suma el respaldo de 11 diputados de Innovación Federal, 2 de Producción y Trabajo, unos 21 de Fuerzas del Cambio, y entre 2 y 4 de Provincias Unidas.

El contenido central de la iniciativa modifica el alcance de las zonas protegidas por la actual Ley de Glaciares. La reforma busca redefinir los criterios de protección para habilitar tareas de exploración y explotación económica en determinadas áreas periglaciales que, hasta ahora, permanecían blindadas frente a actividades extractivistas e industriales. Además, el proyecto traslada a las provincias la facultad de decidir qué zonas resguardar y cuáles no, reduciendo así la injerencia del Estado nacional.

La propuesta fue impulsada por el Gobierno nacional a pedido de los gobernadores aliados, con el objetivo de fomentar inversiones mineras millonarias en provincias del norte y Cuyo, bajo el régimen del RIGI incluido en la Ley de Bases sancionada en 2024. Respaldan la medida los mandatarios de Catamarca (Raúl Jalil), San Juan (Marcelo Orrego), Salta (Gustavo Sáenz) y Mendoza (Alfredo Cornejo), esta última con el mayor desarrollo minero de la región. Los gobernadores ya habían conseguido un primer paso clave con la aprobación de la reforma en el Senado por 40 votos a favor y 31 en contra.