TUCUMÁN
1 de abril de 2026
Aumento salarial para la Policía y el Servicio Penitenciario de Tucumán: el Gobierno oficializó una recomposición del 11%
El Decreto 591/3 estableció incrementos escalonados desde febrero y marzo de 2026 para las autoridades superiores de ambas fuerzas. El nuevo esquema incluye un sistema de puntos que ordena las jerarquías y prevé actualizaciones vinculadas a la inflación.
El Poder Ejecutivo provincial oficializó este martes la nueva escala salarial para el personal del Escalafón Seguridad, que comprende a la Policía de Tucumán y al Servicio Penitenciario. A través del Decreto 591/3 (MEyP), publicado en el Boletín Oficial, el gobierno de Osvaldo Jaldo estableció incrementos escalonados con efectos retroactivos a febrero y marzo, además de un mecanismo de actualización vinculado a la evolución de precios y al comportamiento de la recaudación.
La norma responde al acuerdo paritario suscripto el pasado 5 de marzo entre las autoridades provinciales y los representantes de ambas fuerzas. Según consta en los considerandos del decreto, la recomposición busca “recomponer los haberes” del personal de seguridad tras las rondas de trabajo desarrolladas en el marco de la política salarial de la administración pública.
Sistema de puntos y aumentos escalonados
Uno de los pilares del nuevo esquema es la ratificación del sistema de puntos previsto en el Anexo V de la Ley 3.823, que ordena las jerarquías dentro del escalafón. Ese mecanismo asigna valores que van desde 20 puntos para el grado de agente hasta 120 puntos para comisario general, estableciendo así la relación salarial entre los distintos cargos. A partir de allí, los salarios de las autoridades superiores funcionan como “testigos” o referencias para determinar las remuneraciones del resto del personal.
El decreto fijó una primera recomposición del 8,43% a partir del 1° de febrero de 2026, calculada sobre los básicos vigentes en enero. Con esa actualización, los haberes quedaron establecidos de la siguiente manera: subdirector de Institutos Penales, $538.138,40; director de Institutos Penales, $708.077,31; subjefe de Policía, $605.441,07; jefe de Policía, $708.077,31; e interventor de Institutos Penales, $538.138,40.
Luego, desde el 1° de marzo se aplicó un incremento adicional del 11%, también sobre los valores de enero. Tras ese segundo ajuste, los básicos pasaron a ser de $550.893,32 para el subdirector de Institutos Penales; $724.860,10 para el director; $619.791,19 para el subjefe de Policía; $724.860,10 para el jefe de Policía; y $550.893,32 para el interventor de Institutos Penales.
Cláusula gatillo atada a la recaudación
El decreto incorporó además un mecanismo de actualización automática para lo que resta del año. Según lo dispuesto, en junio y nuevamente en septiembre de 2026 los salarios podrán ajustarse en el mismo porcentaje que la inflación acumulada medida por el IPC nacional. Sin embargo, la norma condicionó esos aumentos a una condición explícita: solo se aplicarán “siempre y cuando esta no supere el crecimiento de la recaudación en el mismo período”.
Además de los aumentos en los básicos, el esquema modifica el cálculo de varios adicionales vinculados a la jerarquía, como el “Adicional por Mayor Jerarquía”, “Especialización” y “Recargo de Servicio”. Para esos conceptos, la norma establece una incorporación progresiva del 5% de la diferencia con los coeficientes previstos en el nuevo sistema de puntos para autoridades superiores, con hitos en abril y julio de 2026.
Nuevos valores para asignaciones familiares
La recomposición también alcanzó a las asignaciones familiares, cuyos montos fueron actualizados con vigencia desde febrero. Entre los nuevos valores figuran: asignación por hijo, $40.000; por hijo con discapacidad, $159.680; prenatal, $40.000; nacimiento, $80.000; adopción, $477.600. También se establecieron montos específicos para cónyuge, familia numerosa y diversos conceptos vinculados con escolaridad.
El decreto, que lleva la firma del gobernador Osvaldo Jaldo, rectifica además parcialmente una disposición previa al modificar el monto de la asignación familiar por hijo con discapacidad establecido en otra normativa.
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