ACTUALIDAD
31 de marzo de 2026
Irán avanza con una ley que impone peajes en el estrecho de Ormuz y bloquea el paso a buques de EE.UU. e Israel
La Comisión de Seguridad Nacional aprobó el proyecto que busca recaudar hasta 100.000 millones de dólares anuales. El tránsito ya cayó drásticamente desde el inicio del conflicto en febrero.
La Comisión de Seguridad Nacional de Irán dio este mes su aval a un proyecto de ley que establece el cobro de peajes en el estrecho de Ormuz y prohíbe el paso a buques de Estados Unidos e Israel. La iniciativa, que aún debe ser ratificada por el Parlamento y el Consejo de los Guardianes, busca convertir una de las vías marítimas más transitadas del mundo en una fuente de ingresos estratégica para Teherán.
El estrecho, ubicado en la boca del Golfo Pérsico, canaliza cerca del 20% del comercio mundial de petróleo, lo que lo convierte en un punto neurálgico para la economía global. Según el texto aprobado, el nuevo esquema tarifario podría instrumentarse mediante un pago fijo de hasta dos millones de dólares por embarcación o a través de un sistema basado en el volumen de carga, similar al que rige en el Canal de Suez.
La normativa contempla la creación de un fondo de desarrollo regional que se nutriría con los recursos recaudados, destinados a financiar servicios de seguridad, navegación y tasas ambientales. Las proyecciones oficiales de Irán estiman que los peajes podrían generar unos 100.000 millones de dólares anuales, una cifra que supera los ingresos que el país obtiene actualmente por la venta de petróleo.
La medida se enmarca en un clima de creciente tensión militar en la región, luego del inicio del conflicto bélico el pasado 28 de febrero. En la actualidad, el tránsito por el estrecho se encuentra restringido para las naciones que Irán considera “enemigas”, mientras que se permite el flujo de los países aliados.
El impacto sobre el movimiento marítimo ya es significativo. Según los registros, el paso diario de embarcaciones cayó de un promedio de 150 buques por día antes del inicio del conflicto a una cifra considerablemente menor, que ahora se mide en términos mensuales. La nueva legislación, de ser ratificada, profundizaría ese control y agregaría una capa económica al cierre selectivo que ya se aplica.
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