El ministro del Interior de Tucumán, Darío Monteros, aseguró este lunes que la resolución judicial que archivó definitivamente la causa contra municipios de Tucumán, Salta y Catamarca confirma que “no hubo ningún tipo de delito” y reivindicó la transparencia con la que los funcionarios involucrados actuaron durante la investigación.

En declaraciones a la prensa, Monteros sostuvo que la causa impulsada por la PROCELAC con base en reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF) fue desestimada luego de que el fiscal Rafael Vehils Ruiz y el juez Guillermo Díaz Martínez comprobaran que las operaciones analizadas eran legales, trazables y contaban con respaldo administrativo. “Se han rendido todos los elementos que el fiscal ha solicitado a los distintos municipios, al banco y al Gobierno, incluso se investigó el patrimonio de cada uno de nosotros. En función de eso se tomó la determinación de desestimar la investigación”, explicó.

El ministro reflexionó sobre la exposición constante que implica ocupar un cargo público. “Los funcionarios estamos sometidos permanentemente a investigaciones y eso es parte del juego de la política”, señaló, aunque agregó una reflexión personal: “Más allá de que estamos expuestos, detrás de nosotros hay familias y estas cosas duelen”.

Respecto de las observaciones administrativas que habían dado origen a la investigación, Monteros negó que existiera desorden y contextualizó las operaciones cuestionadas como prácticas habituales en el interior. “Son actos administrativos fáciles de explicar, como pagos a emprendedores o servicios que no tienen factura. Eso se documenta con comprobantes internos y pasa por todos los organismos de control del municipio”, afirmó. En ese marco, destacó que las rendiciones de cuentas fueron aprobadas por los concejos deliberantes de cada comuna, un respaldo que, según dijo, también fue valorado por la Justicia.

Consultado sobre si impulsará acciones legales contra quienes promovieron o difundieron las acusaciones, el funcionario descartó esa posibilidad y optó por un llamado a la reflexión. “Tiene que quedar en la reflexión de algunos periodistas y sectores de la oposición no maximizar este tipo de situaciones”, expresó, en clara alusión a la cobertura mediática y los señalamientos políticos que rodearon la causa.

Con tono mesurado, Monteros concluyó que el episodio debe servir como una lección para el arco político y periodístico. “No hubo ningún tipo de delito”, reiteró, y subrayó que la transparencia con la que se actuó desde el inicio fue determinante para que la Justicia resolviera archivar el expediente.