El Gobierno nacional dejó en claro este lunes que no cejará en su objetivo de poner en pleno funcionamiento la Ley de Modernización Laboral, sancionada a fines del año pasado, a pesar de la suspensión cautelar que el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63 dictó contra varios de sus artículos a raíz de una presentación de la CGT.

Fuentes oficiales aseguraron que la administración libertaria “irá hasta las últimas consecuencias” para que la totalidad de la norma esté vigente, y confirmaron que apelarán la medida cautelar en los próximos días. La decisión de recurrir fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que junto con la Procuración del Tesoro de la Nación patrocina la defensa de la ley en el terreno judicial.

En las próximas horas, el equipo jurídico definirá ante qué fuero presentará la apelación: si en el fuero laboral o en el contencioso administrativo federal. En Casa Rosada anticiparon que habrá novedades en torno al tema, mientras que el ministro de Justicia a cargo, Juan Bautista Mahiques, no participa por el momento en el seguimiento directo de la causa.

El revés judicial de este lunes no modificó la postura oficial. Por el contrario, desde el Gobierno remarcaron la legitimidad parlamentaria de la norma, que fue sancionada con amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso. En ese sentido, fuentes al tanto de la estrategia señalaron que la voluntad legislativa debe prevalecer sobre lo que calificaron como intentos de frenar las reformas.

El Ministerio de Capital Humano emitió un comunicado en el que rechazó los “intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”. La cartera liderada por Sandra Pettovello reiteró que la apelación será presentada sin demoras y que el compromiso del Ejecutivo es lograr la plena aplicación de la ley.

“Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, sintetizaron desde el espacio oficialista, en línea con el mensaje que la administración busca instalar: no habrá marcha atrás en la implementación de la reforma laboral, más allá de los obstáculos judiciales que puedan surgir en el camino.