El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados ingresó este lunes un proyecto de ley que busca prohibir de manera expresa la tenencia y el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos de comunicación en los establecimientos penitenciarios, con el objetivo de desarticular las redes delictivas que operan desde el interior de las prisiones.

La iniciativa, presentada por la diputada Silvana Giudici y acompañada por una quincena de legisladores del espacio, propone modificar la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad para cerrar lo que califican como un vacío que, en los hechos, permite que personas detenidas continúen cometiendo ilícitos desde el encierro.

El texto del proyecto establece la prohibición de “tenencia, uso, facilitación, comercialización o introducción por cualquier medio” de dispositivos móviles o inalámbricos, incluyendo teléfonos celulares, tarjetas SIM, módems, routers portátiles y cualquier otro equipo apto para transmitir voz, datos o acceder a redes de comunicación. Como única excepción, se contempla el uso de equipamiento informático fijo autorizado expresamente por la autoridad penitenciaria, en el marco de actividades educativas, laborales o de reinserción social, siempre bajo condiciones de uso controlado.

En los fundamentos de la ley, Giudici sostiene que la presencia de estos dispositivos en las cárceles se convirtió en una herramienta clave para la comisión de delitos, permitiendo que los internos mantengan operativas bandas de crimen organizado desde el penal, planifiquen atentados, accedan a cuentas bancarias y billeteras virtuales de forma ilícita y realicen estafas virtuales mediante llamados telefónicos o suplantación de identidad de funcionarios públicos.

La diputada recordó que en 2017, durante la gestión de Mauricio Macri, ya se había establecido una modificación a la ley 26.660 que prohibía las comunicaciones a través de equipos móviles y ordenaba la instalación de inhibidores en los pabellones. No obstante, señaló que en 2020, en medio de la pandemia de COVID-19 y con la suspensión de las visitas, la interventora del Servicio Penitenciario Federal, María Laura Garrigós, autorizó el uso de teléfonos en las prisiones, una medida que generó controversia por la falta de control sobre líderes narcos y organizaciones criminales.

Como antecedente reciente, la legisladora mencionó el caso del soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó en la Quinta de Olivos a fines de 2025. A raíz de la investigación judicial, fueron detenidas tres mujeres acusadas de extorsionarlo a través de aplicaciones, junto a otros tres hombres que operaban desde los penales de Magdalena y Olmos, dependientes del servicio penitenciario bonaerense.

La iniciativa cuenta con las firmas de los diputados libertarios Nicolás Mayoraz, Laura Rodríguez Machado, Damián Arabia, Sergio “Tronco” Figliuolo, Marilú González Estevarena, Patricia Holzman, César Treffinger, Patricia Vázquez, Alejandro Fargosi, Alejandro Bongiovanni, Carlos Zapata, Mercedes Llano, Álvaro Martínez y Giselle Castelnuovo.