El presidente Javier Milei anunció este viernes, en el marco de la cadena nacional por el fallo favorable a Argentina en el juicio por YPF, el envío al Congreso de un proyecto de ley para modificar la actual normativa sobre expropiaciones. La iniciativa busca endurecer las condiciones para que el Estado pueda nacionalizar bienes privados y establecer compensaciones más altas para los damnificados.

El mandatario vinculó la propuesta directamente con el litigio que durante más de una década enfrentó al país con los fondos Burford Capital. “Independientemente de la pericia legal de nuestro equipo, hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal”, sostuvo Milei, quien agregó que quebrar ese principio le costó a la Argentina “12 años de falta de inversiones por culpa del juicio en curso”.

Según el Presidente, el proyecto busca “que la arrogancia de la política no nos vuelva a costar otra década perdida y para que nunca más la propiedad privada pueda ser puesta en tela de juicio en nuestro país”.

Los ejes de la reforma

La iniciativa, que ya fue girada al Congreso, introduce modificaciones a la ley 21.499 con el objetivo de eliminar zonas grises y definir con mayor claridad los supuestos, condiciones e indemnizaciones en los procesos expropiatorios.

Entre los puntos centrales, el proyecto establece que la compensación por una expropiación cubrirá exclusivamente el valor real de mercado del bien y los daños directamente ocasionados por la medida. Quedan excluidos de la indemnización factores personales, ganancias que podrían haberse obtenido (lucro cesante) y el aumento de valor que pueda derivarse de obras futuras.

El valor del bien se calculará según su precio de mercado previo a cualquier anuncio de expropiación y se actualizará por inflación mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec hasta el momento del pago. El organismo expropiante deberá solicitar al menos dos valuaciones independientes y publicar tanto el precio como la metodología de cálculo en sitios oficiales.

En caso de tratarse de una empresa que cotice en bolsa, se tomará como referencia el valor de sus acciones antes de que se difunda la noticia de la expropiación.

Condiciones de pago y ocupaciones temporales

El proyecto dispone que la indemnización se pagará en efectivo, salvo que el expropiado acepte otra modalidad. La transferencia de la propiedad solo se concretará una vez abonado el monto completo. Los intereses se calcularán al 6 por ciento anual desde el momento en que se pierde la posesión hasta el pago total.

En cuanto a las ocupaciones temporales, el texto determina que solo podrán ser ordenadas por el Poder Ejecutivo, tendrán una duración máxima de 60 días sin posibilidad de prórroga o repetición, y deberán ser compensadas por los daños que causen.

Además, la indemnización percibida por el expropiado no estará sujeta a impuestos ni a otras cargas fiscales.

Contexto y paquete legislativo

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, explicó en una columna periodística que la reforma busca definir con mayor precisión los supuestos expropiatorios y eliminar ambigüedades en la normativa vigente. Por su parte, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, había señalado en conferencia de prensa que la “inseguridad jurídica” desalentó la llegada de inversiones durante largos períodos y afectó la generación de empleo.

El proyecto de reforma de la ley de expropiaciones forma parte de un paquete más amplio que incluye modificaciones al procedimiento de desalojo, al régimen de regularización dominial para la integración socio urbana, al régimen de protección al dominio nacional sobre tierras rurales y al sistema federal de manejo del fuego.