La administración de Javier Milei envió este viernes al Congreso un proyecto de ley que busca eliminar del digesto jurídico una serie de normas que considera obsoletas, sin aplicación práctica o contrarias a la Constitución. La iniciativa, denominada “Ley Hojarasca”, forma parte de la estrategia oficial de desregulación, desburocratización y reducción del aparato estatal.

El texto propone una depuración del sistema legal basada en la identificación de distintos grupos de normas. Entre ellos se encuentran leyes que quedaron superadas por legislaciones posteriores, regulaciones que resultan anacrónicas frente a los avances tecnológicos o cambios productivos, y disposiciones vinculadas a organismos que ya fueron disueltos o a procesos que nunca se concretaron.

Normas que quedarían sin efecto

El Ejecutivo señaló como ejemplos de normas a derogar desde una ley del siglo XIX sobre carbón mineral hasta regulaciones sobre microfilmación, televisión en color o regímenes administrativos ligados a entidades inexistentes. También se incluyen disposiciones que, según el Gobierno, afectan libertades individuales o responden a lógicas de control incompatibles con el sistema democrático actual, como aquellas que penalizan conductas vinculadas al Estado, regulan reuniones privadas, contenidos culturales y exigencias de circulación consideradas anacrónicas.

Un caso particular mencionado por la Casa Rosada es la normativa que habilita la internación obligatoria de personas con lepra, una regulación que el oficialismo cuestiona por entender que vulnera derechos fundamentales bajo paradigmas sanitarios obsoletos.

Un intento que se repite

La propuesta no es nueva: en 2024, el Poder Ejecutivo había presentado un proyecto similar bajo el nombre de ley de Derogación de Legislación Obsoleta, que contemplaba la derogación total de 63 leyes y la modificación de otras. En aquel momento, la iniciativa perdió impulso y nunca llegó a debatirse en comisiones.

Ahora, el Gobierno retoma la idea con un enfoque más amplio, argumentando que mantener este tipo de normas contribuye a la complejidad de un sistema jurídico ya sobrecargado y dificulta la relación cotidiana entre los ciudadanos y el Estado.

Contexto político

El envío del proyecto se inscribe en una política más amplia de transformación estatal que la gestión de Milei impulsa desde su asunción. Desde el oficialismo sostienen que el derecho no debe operar como una herramienta de restricciones innecesarias, sino como una garantía de libertades. “La 'Ley de Hojarasca' se inscribe en un proceso más amplio de transformación del Estado, orientado a dejar atrás un modelo basado en la acumulación normativa, la sobrerregulación y la intervención discrecional, para avanzar hacia un esquema centrado en la libertad individual, la responsabilidad personal y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”, concluyeron en los fundamentos del proyecto.

Ahora, la iniciativa deberá comenzar su recorrido en el Congreso, donde el oficialismo buscará construir consensos para que la propuesta avance en las comisiones correspondientes.