El plenario de la Comisión de Juicio Político de la Legislatura tucumana resolvió este martes rechazar el pedido de enjuiciamiento presentado contra la titular del Juzgado en lo Civil en Familia y Sucesiones de la XI° Nominación del Centro Judicial Capital, doctora María Laura Moisello. Tras evaluar los antecedentes del caso, los legisladores determinaron que no correspondía avanzar con el proceso y dispusieron el archivo de las actuaciones.

La reunión fue encabezada por el presidente subrogante de la H. Legislatura, Sergio Mansilla, y contó con la participación de quince legisladores que integran la comisión. El cuerpo analizó el planteo iniciado por el ciudadano Norberto José Villareal, quien había solicitado la apertura de un juicio político contra la magistrada.

Fundamentos de la decisión

Según informaron fuentes parlamentarias, los integrantes de la comisión examinaron en detalle los argumentos presentados por el denunciante así como la documentación respaldatoria. Tras el análisis, concluyeron que no existían elementos suficientes que justificaran la prosecución del proceso de enjuiciamiento.

La resolución adoptada implica el rechazo del pedido y, como consecuencia, el archivo definitivo de las actuaciones. De esta manera, la jueza Moisello continuará al frente del juzgado de Familia sin que la denuncia presentada en su contra tenga efectos procesales en el ámbito legislativo.

Participación legislativa

De la reunión participaron, además de Mansilla, el vicepresidente primero de la Honorable Legislatura, Aldo Salomón, y los legisladores Rodolfo Ocaranza, Francisco Serra, Raúl Moreno, Leopoldo Rodríguez, Sara Assan, Claudio Viña, Carlos Eduardo Verón Guerra, Tulio Caponio y Mario Leito.

La presencia de una docena de legisladores de distintos bloques refleja la importancia que el cuerpo otorga a este tipo de procedimientos, que involucran la evaluación de posibles faltas cometidas por magistrados en el ejercicio de sus funciones.

El rol de la Comisión de Juicio Político

La Comisión de Juicio Político es el ámbito legislativo encargado de analizar las denuncias presentadas contra jueces y funcionarios públicos que puedan dar lugar a un proceso de remoción. Su dictamen es el primer paso antes de una eventual elevación del caso al pleno de la Legislatura.

En esta oportunidad, el rechazo del pedido y el archivo de las actuaciones cierran definitivamente el proceso contra la magistrada, al menos en lo que respecta a la denuncia presentada por Villareal.