Las inundaciones que volvieron a golpear a Tucumán en los últimos días no solo dejaron barrios anegados, rutas cortadas y miles de familias afectadas. También reabrieron un debate que atraviesa casi dos décadas de la vida institucional de la provincia: qué se hizo —y qué no se hizo— bajo la vigencia de la llamada Ley de Emergencia Hídrica y Social.

La norma nació tras uno de los episodios climáticos más graves de la historia tucumana reciente. En enero de 2007, una tormenta descargó 150 milímetros de lluvia en apenas tres horas, casi el promedio mensual de precipitaciones. El impacto fue devastador: alrededor de 200.000 personas afectadas y más de 5.000 evacuados en distintos puntos de la provincia.

De aquella tragedia surgió la Ley 7.875, que declaró la emergencia hídrica en todo el territorio provincial y habilitó mecanismos extraordinarios para ejecutar obras, reparar infraestructura y asistir a comunidades afectadas por fenómenos climáticos extremos. Con el paso de los años, la normativa fue prorrogada repetidamente. La última actualización, la Ley 9.941 sancionada en 2025, extendió su vigencia hasta 2026 y 2027.

El objetivo formal de la ley es permitir que el Estado provincial disponga de herramientas ágiles para financiar obras hidráulicas, fortalecer el trabajo de la Dirección Provincial del Agua, asegurar el suministro de agua y reparar infraestructura dañada por eventos climáticos.

Pero desde la sanción de la norma, Tucumán atravesó al menos una docena de episodios hídricos de gran magnitud, algunos con consecuencias sociales similares a las del desastre que dio origen a la ley.

La pregunta, entonces, es inevitable: qué se hizo durante estas dos décadas para que la provincia no vuelva a vivir las mismas escenas cada vez que llueve con intensidad.

En ese contexto reaparece una polémica política que en su momento tuvo repercusión nacional y que hoy adquiere una dimensión distinta frente a las lluvias recientes.

Durante el gobierno de Mauricio Macri se instaló un debate sobre $290 millones que el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner habría destinado a Tucumán para obras de prevención de inundaciones. La discusión tomó fuerza cuando el entonces gobernador Juan Manzur sostuvo públicamente que esos fondos no habían sido recibidos por la provincia.

Sin embargo, esa afirmación dejó al descubierto una contradicción difícil de explicar. En marzo de 2015, el propio Manzur había anunciado públicamente que la Nación otorgaría esos $290 millones para financiar obras hídricas destinadas a mitigar inundaciones en Tucumán.

El contraste entre aquel anuncio y la posterior negación de la llegada de esos recursos volvió a instalar interrogantes sobre la administración y el destino de los fondos destinados a infraestructura hídrica.

En ese marco también se recuerda un intercambio político ocurrido durante la presidencia de Macri. En aquella instancia, el gobernador tucumano habría solicitado $600 millones adicionales para enfrentar el problema de las inundaciones en la provincia.

La respuesta presidencial, según trascendió en aquel momento, habría girado en torno a dos cuestiones básicas: la necesidad de contar con estudios técnicos y planes de obra que justificaran ese monto, y la necesidad de aclarar previamente qué había ocurrido con los $290 millones asignados en la gestión nacional anterior.

Más allá del episodio político puntual, lo que aquella discusión dejó al descubierto es la ausencia de una política hídrica integral capaz de anticiparse a los desastres.

Durante años, la respuesta estatal frente a cada temporal se apoyó en intervenciones parciales como la limpieza de canales o trabajos de emergencia. Sin embargo, los eventos recientes muestran que esas medidas no alcanzan frente a lluvias cada vez más intensas y fenómenos climáticos más extremos.

Las imágenes que dejó el último temporal —barrios anegados, rutas cortadas, evacuaciones y sistemas de drenaje colapsados— reflejan una realidad que se repite desde hace años.

Todo esto ocurre mientras la provincia continúa bajo un régimen de emergencia hídrica que ya lleva casi dos décadas de vigencia.

La paradoja es evidente. Una ley pensada como herramienta excepcional terminó convirtiéndose en un estado permanente, prorrogado periódicamente por la Legislatura sin que se resuelvan las causas estructurales del problema.

La experiencia acumulada deja una conclusión incómoda: la fórmula basada en prórrogas de emergencia, anuncios reiterados y respuestas de corto plazo no logró evitar que las inundaciones sigan afectando a Tucumán.

Las lluvias recientes lo vuelven a demostrar.

Y también dejan planteada una discusión inevitable para el futuro: la provincia no necesita más leyes de emergencia; necesita planificación, transparencia en el uso de los recursos y las obras de infraestructura que durante años se anunciaron pero que todavía no lograron cambiar la realidad.