POLITICA
2 de marzo de 2026
El secretario de Energía de Tucumán fue citado a indagatoria por presunto uso ilegítimo del DNI de un vecino

Martín Viola deberá presentarse ante el juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez, quien hizo lugar al pedido del fiscal Agustín Chit.
El secretario de Energía de la provincia, Martín Viola, fue convocado a prestar declaración indagatoria ante la Justicia Federal en el marco de una causa que investiga la presunta utilización ilegítima del Documento Nacional de Identidad de un tercero. La medida fue dispuesta por el juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez, a raíz de un requerimiento impulsado por el fiscal federal Agustín Chit .
El funcionario provincial está acusado de haber empleado datos personales ajenos para crear una cuenta digital paga desde la cual se habrían publicado comentarios injuriantes en un medio de comunicación, atribuidos falsamente a la víctima. La hipótesis fiscal sostiene que la maniobra incluyó la utilización del DNI de otra persona para registrar una suscripción online y realizar publicaciones ofensivas .
El origen de la causa
El expediente se inició en agosto de 2025, luego de una denuncia presentada por la apoderada legal de Julián Echazú Toneatti. El denunciante advirtió que su identidad estaba siendo utilizada sin autorización tras haber extraviado su documento meses antes. Según consta en la investigación, Echazú Toneatti tomó conocimiento de la situación cuando el subsecretario de Gobierno de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Alejandro Sangenis, lo contactó para consultarle sobre comentarios publicados bajo su nombre y número de documento, los cuales negó rotundamente haber realizado .
Las pruebas reunidas
Durante la instrucción, la Fiscalía impulsó medidas probatorias que incluyeron informes técnicos y periciales. Entre los elementos clave se determinó que la suscripción digital desde la cual se efectuaron los comentarios había sido abonada con una tarjeta de crédito cuyo titular sería el propio Viola, circunstancia considerada determinante para vincularlo con la maniobra .
Además, datos obtenidos de organismos nacionales y registros oficiales, como el Renaper, indicaron que el imputado y el denunciante residían en el mismo edificio. Para el Ministerio Público Fiscal, esta coincidencia resultó significativa a la hora de explicar el acceso al documento extraviado y reforzó la hipótesis de una suplantación de identidad deliberada .
La investigación también reveló que la cuenta fue creada el 2 de junio de 2025 desde una dirección IP específica y que, minutos después, los datos fueron modificados para figurar a nombre y DNI del denunciante. La cuenta fue bloqueada el 23 de junio del mismo año al detectarse el uso irregular de una identidad ajena .
El encuadre legal
El fiscal Chit sostuvo que la conducta investigada encuadra, en esta etapa procesal, en el delito de uso ilegítimo de documento nacional de identidad previsto en el artículo 33 inciso "d" de la Ley 20.974 . La norma establece que será reprimido con prisión de uno a cuatro años "el que tuviere ilegítimamente en su poder documentos nacionales de identidad, en blanco o total o parcialmente llenados, auténticos o falsos", así como "la persona que ilegítimamente hiciere uso de un documento anulado o reemplazado o que corresponda a otra persona" .
El fiscal remarcó que el uso del DNI no se limita a su portación física, sino que comprende su utilización para generar efectos jurídicos, como ocurrió al crear una cuenta digital paga y realizar publicaciones bajo una identidad ajena, lo que -según afirmó- se habría hecho con dolo directo .
La postura de las partes
La parte denunciante rechazó de manera expresa cualquier posibilidad de conciliación y solicitó que la causa avance hasta el esclarecimiento pleno de los hechos y la determinación de responsabilidades penales . La representante legal de la víctima dejó en claro que su interés es que la instrucción continúe y que se mantenga la audiencia de indagatoria ya fijada .
Por su parte, la defensora de Viola, Celeste Salas, señaló que su representado "está a Derecho" y que aún no recibieron una notificación formal sobre la citación a indagatoria .
La audiencia fue fijada para el martes 3 de marzo a las 10:00, instancia en la que el funcionario provincial deberá responder formalmente ante la Justicia Federal por los hechos que se le imputan









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