El Senado de la Nación comenzó a debatir este jueves 26 de febrero el proyecto de reforma de la Ley de Glaciares (26.639), una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que propone modificar el esquema de protección vigente desde 2010 para otorgar mayor poder a las provincias en la gestión de estos territorios y redefinir los alcances de la preservación ambiental.

La ley actual, sancionada en 2010, establece presupuestos mínimos de protección para los glaciares y el ambiente periglacial, considerándolos reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y la recarga de cuencas hidrográficas. La norma también creó el Inventario Nacional de Glaciares, a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que actualmente contabiliza 16.968 glaciares en 12 provincias, con una superficie total estimada de 8.484 kilómetros cuadrados.

Los puntos clave de la reforma

El proyecto oficial propone modificaciones sustanciales al esquema actual, con el argumento de corregir problemas de interpretación que, según el Gobierno, generaron inseguridad jurídica y frenaron inversiones productivas, especialmente mineras.

Uno de los cambios principales consiste en delegar en las provincias la definición de los estándares para preservar los glaciares y el ambiente periglacial. Según el dictamen de mayoría, cada provincia podrá determinar la autoridad de aplicación encargada de identificar, "basándose en elementos técnico-científicos, los glaciares y el ambiente periglacial ubicados en su territorio que cumplan con alguna de las funciones hídricas previstas" en la norma.

Esto implica que los equipos técnicos de las gestiones provinciales podrían determinar que un glaciar o ambiente periglacial quede fuera del Inventario Nacional de Glaciares si consideran que no cumple la función de reserva estratégica de agua. En esos casos, el IANIGLA —organismo responsable del relevamiento oficial— "deberá eliminarlo" del registro.

Además, el texto elimina la prohibición expresa de realizar minería sobre el ambiente periglacial, lo que, según organizaciones ambientalistas, debilita la protección ambiental y favorece la actividad minera.

Posturas a favor y en contra

La iniciativa cuenta con el respaldo de los gobernadores de provincias mineras como San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy y Salta, independientemente de su partido político, interesados en facilitar la actividad extractiva en sus territorios. La Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) sostuvo en un comunicado que "la minería moderna puede operar en zonas cordilleranas sin afectar reservas hídricas, gracias a la planificación, la ingeniería y el monitoreo permanente" y planteó "la necesidad de aclaraciones técnicas más precisas, especialmente sobre las zonas periglaciares".

Desde el otro lado, organizaciones ambientalistas como Greenpeace advierten que con esta reforma "se corre el riesgo de que primen intereses económicos por sobre la preservación del agua". Senadoras como Anabel Fernández Sagasti (Mendoza) y Alicia Kirchner (Santa Cruz) criticaron el texto por considerarlo "un retroceso al cuidado del medio ambiente" y señalaron que "ponen a competir a las provincias en cuanto a la reglamentación y flexibilización de los glaciares".

El IANIGLA, por su parte, emitió un comunicado en el que advierte que no fue informado ni consultado sobre los cambios a la ley.

El contexto científico: glaciares en retroceso

El debate legislativo se desarrolla en un contexto donde estudios científicos señalan que los glaciares andinos están en retroceso debido al cambio climático. Investigaciones recientes indican que el glaciar Perito Moreno, uno de los más estables de la Patagonia, perdió unos 800 metros de frente entre 2020 y 2024, en un contexto de aumento de temperaturas y disminución de precipitaciones.

Lucas Ruiz, investigador del CONICET y del IANIGLA, explicó que "las razones principales del retroceso son los cambios que se han producido en la temperatura del aire y en la precipitación a nivel regional". Entre 2019 y 2024, la tasa de adelgazamiento del glaciar en su extremo terminal se multiplicó por más de dieciséis, pasando de 0,34 metros al año entre 2000 y 2019 a una media anual de 5,5 metros en el último período.

En Argentina, los glaciares alimentan 39 cuencas hidrográficas y resultan clave para el abastecimiento de agua. Más de un tercio del territorio continental está ubicado en cuencas que dependen del deshielo glaciar.

Panorama de votos en el Senado

El oficialismo enfrenta un escenario ajustado para lograr la sanción de la reforma. La bancada de La Libertad Avanza cuenta con solo 21 votos sobre los 37 que necesita para conseguir el quórum y la media sanción.

De los bloques que actúan como satélites al oficialismo, solo 4 de los 10 senadores de la Unión Cívica Radical (UCR) estarían dispuestos a apoyar el proyecto, junto a 1 del PRO, 3 de Convicción Federal, 2 del Frente Renovador de la Concordia Social, 1 de La Neuquinidad, 1 de Primero los Salteños y 1 del bloque Independencia.

A este grupo se sumarían dos exgobernadores del kirchnerismo: Sergio Uñac de San Juan y Lucía Corpacci de Corrientes, cuyas provincias tienen intereses mineros. De efectivizarse estos apoyos, el oficialismo alcanzaría 36 votos, a solo uno del quórum.

Si la reforma fuera aprobada en el Senado, pasará a la Cámara de Diputados para una nueva votación. Mientras tanto, la discusión gira en torno a cuánto deben protegerse los glaciares como reservas de agua y qué nivel de actividad económica podría permitirse en las zonas cercanas.