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POLITICA

25 de febrero de 2026

Diputados de la oposición y rectores rechazan el proyecto del Gobierno para modificar la Ley de Financiamiento Universitario

Legisladores de Unión por la Patria, Coalición Cívica y el Frente de Izquierda se reunieron con autoridades académicas y gremiales para advertir que la iniciativa oficial implica "un retroceso y una reducción de recursos" para las universidades.

Un amplio arco de legisladores nacionales junto a autoridades de universidades públicas y representantes gremiales del sector rechazaron este martes el proyecto del Poder Ejecutivo que pretende modificar la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso a mediados de 2025. El encuentro, que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, reunió a referentes de la oposición, rectores y sindicatos docentes y no docentes, quienes coincidieron en señalar que la iniciativa oficial implica "un retroceso y una reducción de los recursos destinados al sistema universitario".

La convocatoria fue impulsada por la diputada Blanca Osuna y contó con la participación del presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y los legisladores Lucía Cámpora, Paula Penacca, Cecilia Moreau, Itai Hagman, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Esteban Paulón (Provincias Unidas), Romina del Pla y Myriam Bregman (Frente de Izquierda), entre otros.

Rectores advierten sobre "destrucción de la universidad pública"

Durante la reunión hicieron uso de la palabra autoridades de distintas casas de altos estudios. La rectora de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), Sandra Torlucci, leyó el comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que nuclea a las universidades públicas de todo el país. "Existe una ley aprobada por el Congreso de la Nación, cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo", expresó el documento, en el que se exige la aplicación efectiva de la norma vigente.

Por su parte, el rector de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Rubén Soro, calificó la situación como "muy grave" y advirtió que el proyecto del Ejecutivo "persigue un solo objetivo que es la destrucción total de la universidad pública". También estuvieron presentes Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, y Mónica Biasone, rectora de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El proyecto oficial para modificar la ley de financiamiento se enmarca en un conflicto que se extiende desde 2024. La Ley N° 27.795, sancionada en agosto de 2025, establece la actualización de partidas para gastos de funcionamiento, la recomposición salarial de docentes y no docentes según la inflación acumulada, y la convocatoria obligatoria a paritarias cada tres meses. La norma fue vetada inicialmente por el Poder Ejecutivo, pero el Congreso insistió con su sanción y actualmente se encuentra en instancia judicial para garantizar su cumplimiento.

Gremios llaman a sostener la unidad del sector

Además de los legisladores y rectores, participaron del encuentro representantes de las federaciones de trabajadores docentes y no docentes, así como de federaciones estudiantiles. El secretario general de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN), Walter Merkis, llamó a sostener la unidad del sector para garantizar el financiamiento y el rol social de la universidad pública.

"Tenemos que seguir trabajando para llevar adelante lo que está necesitando nuestro país y nuestra sociedad, que es sostener esa vía del ascenso social que nuestros jóvenes pueden ver y transitar a través de su paso por la universidad", señaló Merkis.

El reclamo del sector universitario se produce en un contexto en el que, según advirtió el CIN en un comunicado de febrero de 2026, "desde hace cuatro meses existe una ley aprobada por el Congreso de la Nación, cuyo cumplimiento corresponde al Poder Ejecutivo". El organismo que reúne a las universidades nacionales insiste en la "inmediata convocatoria a paritarias para las y los trabajadores de las universidades nacionales, a fin de establecer una recomposición de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios" .

El proyecto impulsado por el Gobierno busca introducir cambios en la norma ya aprobada, cuyo veto presidencial fue revertido por el Congreso y que actualmente se encuentra en una instancia judicial para garantizar su cumplimiento. La iniciativa oficial pretende reemplazar el esquema vigente por uno que, según argumentan desde el Ejecutivo, resulte "financieramente viable".

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