La Comisión de Juicio Político de la Legislatura de Tucumán rechazó este miércoles el pedido de enjuiciamiento presentado contra la jueza en lo Civil, Familia y Sucesiones de la 1ª Nominación del Centro Judicial Monteros, Dra. Mariana Rey Galindo, y dispuso el archivo de las actuaciones. La denuncia había sido impulsada por la ciudadana Romina Lorena Pérez, aunque los legisladores determinaron que el conflicto debe tramitarse en sede judicial y no en el ámbito legislativo.

El encuentro fue encabezado por el presidente subrogante de la comisión, Sergio Mansilla, y contó con la participación del vicepresidente primero, Aldo Salomón, y los legisladores Rodolfo Ocaranza, Francisco Serra, Raúl Moreno, Paula Galván, Sara Assan, Claudio Viña y Mario Leito. Durante la reunión, los miembros del cuerpo evaluaron los antecedentes del caso y las presentaciones realizadas por la denunciante.

Tras el análisis, los integrantes de la comisión resolvieron por unanimidad rechazar el planteo y ordenar el archivo de las actuaciones. En los fundamentos de la decisión, se consignó que la situación expuesta se encuentra actualmente en trámite dentro del ámbito del Poder Judicial, por lo que no corresponde a la Legislatura intervenir en cuestiones de carácter jurisdiccional.

"Se concluyó que no corresponde a la Legislatura intervenir en cuestiones de carácter jurisdiccional, siendo la Justicia el ámbito competente para entender y resolver el conflicto", señalaron fuentes legislativas al término de la reunión. De esta forma, los legisladores se abstuvieron de avanzar en un proceso que, de habilitarse, podría haber derivado en la suspensión o remoción de la magistrada.

El caso expone los límites de la competencia legislativa en materia de enjuiciamiento de magistrados, un fuero reservado para situaciones de mal desempeño o presuntas irregularidades graves en el ejercicio de la función, siempre que no se trate de cuestiones estrictamente judiciales que deban ser resueltas por los tribunales superiores.

Con el archivo dispuesto, la denuncia contra la jueza Rey Galindo queda sin efecto en el ámbito legislativo, aunque la causa de fondo continuará su curso en la órbita del Poder Judicial, donde deberá resolverse el conflicto original que motivó la presentación de la ciudadana.