Tras apelar la medida cautelar que obliga a la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno Nacional resolvió incorporar al temario de las sesiones extraordinarias una adaptación de la norma que le permita compensar fondos a las universidades, según confirmó una alta fuente del Poder Ejecutivo.

La determinación será instrumentada por decreto y será publicada en el Boletín Oficial en las próximas horas. El mismo decreto extenderá el plazo de las sesiones extraordinarias hasta el sábado 28 de febrero, un día más de lo previsto originalmente, para cumplir con el período legal correspondiente antes de la Apertura de Sesiones Ordinarias, programada para el 1° de marzo.

Una nueva ley con "previsibilidad fiscal"

El movimiento se da después de que el oficialismo cosechara en los últimos días tres triunfos legislativos clave: la media sanción de la reforma laboral en el Senado, la aprobación del Régimen Penal Juvenil en Diputados y la ratificación del acuerdo comercial Mercosur-Unión Europea.

Con esa inercia favorable, el Poder Ejecutivo decidió sumar el financiamiento universitario al temario para intentar apaciguar las demandas de las autoridades de las altas casas de estudio, pero con una norma que se ajuste a las premisas de equilibrio fiscal que pregona la administración libertaria.

La tarea involucró al secretario de Educación, Carlos Torrendel, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quienes se reunieron en los últimos días con el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Carlos Greco, y su vice, Franco Bartolacci, para conversar sobre el tema.

"Fue una reunión de acercamiento en la dirección correcta. Nos vamos con la expectativa de poder avanzar en la resolución de algunas de las demandas que venimos planteando", sostuvo Greco tras el encuentro del 4 de febrero.

"Trabajamos para implementar los cambios en la ley que nos permita hacerla implementable", contó ante este medio una fuente calificada.

El conflicto que viene de arrastre

La decisión se da luego de que el Ejecutivo presentara un recurso ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, a través de la Procuración del Tesoro, y solicitara que la apelación que obliga a implementar la ley votada en 2024 sea concedida con efecto suspensivo.

"El Estado tiene el deber de apelar todo. Hay cosas que vamos a cumplir pero hay otras que requieren análisis de la cámara", argumentó un funcionario sobre el tema.

El conflicto por el financiamiento escaló notablemente entre 2024 y 2025, y registró movilizaciones masivas en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país. Luego de la determinación del presidente Javier Milei de vetar la ley sancionada, hubo una segunda protesta federal en septiembre de 2025.

La ley original, la 27.795, fue sancionada por el Congreso el 21 de agosto de 2025, vetada por Milei y luego insistida por dos tercios de ambas Cámaras, lo que la convirtió en ley plenamente vigente. El artículo 5° de esa norma obliga al Ejecutivo a convocar a paritarias y actualizar los salarios docentes y no docentes por inflación.

El objetivo político

Tras el pedido de un sector de la mesa política de evitar una escalada legal, en el oficialismo intentarán aprobar una ley que modifique el esquema financiero actual y que permita alcanzar el consenso político necesario para que el Congreso sancione una nueva norma capaz de reemplazar la anterior.

La extensión de las extraordinarias hasta el 28 de febrero apuesta a ordenar el ajustado calendario legislativo, además de dar cumplimiento a la norma expresa en el reglamento de la Cámara de Diputados que establece que si faltan 10 días o menos para que termine el período de sesiones, sacar un dictamen carece de efecto práctico.

El objetivo del presidente Javier Milei es sancionar la reforma laboral durante el período contemplado en febrero para dar inicio al año legislativo con los nuevos desafíos que expondrá durante su habitual discurso en el que establece la hoja de ruta anual.