Tras la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados, el bloque de La Libertad Avanza (LLA) ya trabaja en el Senado para lograr la sanción definitiva del nuevo Régimen Penal Juvenil, una de las iniciativas centrales de la agenda legislativa del Gobierno en materia de seguridad. La norma establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años en todo el país .

Según confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas fuentes parlamentarias de la Cámara alta, el objetivo del oficialismo es avanzar con la discusión en el recinto el próximo 26 de febrero, en el marco del período de sesiones extraordinarias .

Los ejes centrales del proyecto

La propuesta impulsada por el oficialismo plantea una reforma integral del régimen vigente, que data de la última dictadura militar. El nuevo sistema establece un régimen especial para adolescentes de 14 a 17 años acusados de cometer delitos.

Entre los puntos salientes se destacan:

Penas máximas: Se fija un tope de 15 años de prisión para los delitos más graves, como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros.

Prohibición de la perpetua: La ley impide explícitamente la aplicación de la prisión perpetua para menores de edad.

Alojamiento diferenciado: Los adolescentes privados de la libertad deberán cumplir sus condenas en establecimientos especiales, separados y alejados de los adultos criminales, para evitar el "contagio delictivo" y cumplir con los estándares internacionales.

Un sistema de sanciones escalonado

El proyecto establece un abanico de sanciones alternativas a la privación de la libertad, priorizando un enfoque social y educativo según la gravedad del delito:

Delitos leves: Para aquellos con penas inferiores a tres años, se descarta la prisión efectiva.

Delitos de gravedad media: En los casos donde la pena prevista sea de entre 3 y 10 años y el hecho no haya ocasionado la muerte o lesiones graves, se priorizarán sanciones alternativas como amonestaciones, prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico o reparación integral del daño.

El debate por el financiamiento

Uno de los temas que generó mayor discusión durante el tratamiento en Diputados fue el financiamiento del nuevo sistema, que implica la construcción de institutos especiales, la capacitación de personal y la implementación de programas socioeducativos.

El diputado Maximiliano Ferraro había impulsado una cláusula para establecer un mecanismo de giro automático y directo de fondos. Sin embargo, el oficialismo rechazó esa propuesta e insistió con su redacción original: el financiamiento se canalizará mediante la firma de convenios específicos entre la Nación y las Provincias.

Este punto será, seguramente, uno de los ejes de discusión con los senadores que representan a los gobernadores, tal como ocurrió durante el debate de la reforma laboral.

El camino hacia la sanción definitiva

Con la media sanción de Diputados —que cosechó 149 votos afirmativos contra 100 negativos—, el proyecto ingresa ahora en el Senado, donde el oficialismo confía en repetir la coalición que le permitió aprobar la reforma laboral en la madrugada del jueves.

La iniciativa recibió el respaldo de la UCR, el PRO, Provincias Unidas, Innovación Federal, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y diversos bloques provinciales. El peronismo, en cambio, se mantuvo unido en el rechazo durante la votación en general.

Fuentes parlamentarias indicaron que la Cámara alta podría tratar el proyecto en una sesión convocada para el 26 de febrero, con la expectativa de sancionar la ley antes de que finalice el período de sesiones extraordinarias.