El Gobierno nacional pidió este martes el retiro del proyecto de Reforma de la Ley Penal Juvenil, que había enviado a la Cámara de Diputados el día anterior, según confirmaron fuentes oficiales. Una de las razones centrales fue una discrepancia en la edad de imputabilidad.

El proyecto remitido establecía la baja de la edad de imputabilidad a 13 años. Sin embargo, el consenso alcanzado previamente con los bloques aliados era fijarla en 14 años, tal como estaba asentado en el texto que obtuvo dictamen en mayo de 2025. Se espera que en las próximas horas el Ejecutivo envíe a Diputados la nueva versión corregida, en lo que fue presentado como un gesto de "buena voluntad" con los bloques dialoguistas.

Asignación de fondos específica

La nueva versión del proyecto es muy similar a la de 2025, con una salvedad clave: en esta oportunidad, el Gobierno incluyó en la redacción la asignación de fondos específicos para garantizar su implementación. Se disponen más de 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones de pesos para el Ministerio de Justicia.

En el proyecto original, el financiamiento quedaba librado a la discrecionalidad de la Jefatura de Gabinete, lo que generaba dudas sobre su efectiva aplicación. La nueva redacción busca subsanar esa crítica asegurando los recursos necesarios.

Ejes principales del proyecto

El proyecto, tal como ingresó, busca reducir la edad de imputabilidad en Argentina de 16 a 14 años. La nueva versión que se enviará mantendrá ese piso, alineándose con el consenso parlamentario. La decisión de retirar y reenviar el texto refleja la búsqueda de acuerdos en un tema de alta sensibilidad social y política, previo al debate en comisiones que estaba previsto para los próximos días.