El Gobierno Nacional recibió presiones de gobernadores, tanto dialoguistas como opositores, a horas de debatirse el Proyecto de Modernización Laboral. Ambos bandos pretenden eliminar o modificar la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas incluida en la reforma, debido al recorte que genera en la coparticipación provincial, con una pérdida estimada de hasta 3 billones de pesos.

El tema se convirtió en un conflicto central, ya que los mandatarios provinciales solicitan compensaciones a cambio de aprobar el proyecto que la gestión de Javier Milei pretende sancionar con urgencia en el periodo de sesiones extraordinarias.

La tensión se instaló en la mesa de negociaciones debido a que la iniciativa oficial busca reducir el Impuesto a las Ganancias de sociedades para aumentar la rentabilidad y la inversión, pero a costa de desfinanciar a las provincias, ya que es un gravamen coparticipable. Las provincias más afectadas en este escenario serían Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, con una pérdida estimada en más de $1 billón para cada una.

Los gobernadores aliados, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), entre otros, apoyan la reforma laboral, pero exigen que la Nación asuma el costo fiscal o que la medida se postergue hasta 2027.

Por su parte, el Ejecutivo insiste en mantener la reducción, aunque se discuten posibles alternativas, como sacrificar el capítulo fiscal para garantizar la aprobación del proyecto impulsado por La Libertad Avanza.

Finalmente, los mandatarios Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Axel Kicillof (Buenos Aires) mantienen un firme rechazo a la reforma laboral, independientemente de la inclusión o no del recorte al Impuesto a las Ganancias.