Un juez de Tucumán ordenó el sábado la liberación de Santiago Bagne, uno de los dos jóvenes que permanecía con prisión preventiva en el penal de Benjamín Paz por la agresión sufrida por Patricio Ledezma a la salida de un boliche en Tafí del Valle el pasado 29 de enero. La decisión judicial introduce un giro relevante en una causa marcada desde su inicio por una intensa presión mediática y declaraciones de altos funcionarios.

La excarcelación se resolvió tras una audiencia en la que la defensa cuestionó los fundamentos para mantener la prisión preventiva. El magistrado accedió a liberar a Bagne bajo la imposición de reglas de conducta, sin cerrar la causa ni desvincularlo de la investigación. Este cambio de criterio expone debilidades en la resolución original que, apenas una semana atrás, había decretado el encierro de dos jóvenes en una cárcel de máxima seguridad por 30 días.

Dicha medida se había adoptado en un contexto de pronunciamientos públicos del gobernador Osvaldo Jaldo, quien, en las primeras horas del caso, reclamó "mano dura", utilizó el término "patoteros" y exigió un castigo ejemplar cuando la investigación se encontraba en etapa preliminar.

La revisión judicial no puede desvincularse del clima social y político que rodeó al expediente. En Concepción, familiares y vecinos se movilizaron para denunciar una detención "injustificada y desproporcionada". En ese marco, el intendente local, Alejandro Molinuevo, se manifestó críticamente. "No se puede meter presos a inocentes para dar un mensaje", afirmó el jefe comunal, aclarando que hablaba "como vecino y como abogado". Molinuevo sostuvo que la decisión inicial fue "apresurada" y carente de sustento probatorio, señalando que en la audiencia se expusieron inconsistencias: lesiones calificadas como leves, registros fílmicos no concluyentes y contradicciones en la declaración de la víctima.

A estas críticas se sumó la diputada provincial Soledad Molinuevo, quien advirtió que la cárcel de Benjamín Paz "no puede convertirse en el Helicoide tucumano", en referencia a un centro de detención venezolano señalado por violaciones a los derechos humanos. La legisladora acusó al Poder Ejecutivo de "pisotear garantías básicas" al instalar una condena pública previa al fallo judicial. "Cuando el poder político decide quién es culpable antes de que hable la Justicia, lo que se rompe es el Estado de Derecho", afirmó.

La causa continúa abierta y Bagne deberá someterse a las reglas de conducta impuestas. Sin embargo, el retroceso judicial deja al descubierto la tensión entre la prisión preventiva como medida excepcional y su uso en un contexto de alta presión política y social, obligando a la Justicia a revisar decisiones tomadas bajo ese clima.