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POLITICA

6 de febrero de 2026

Régimen Penal Juvenil: el massismo analiza votar a favor de bajar la edad de imputabilidad a 14 años

Sergio Massa habría acordado con sus diputados apoyar el proyecto oficialista, alineado con la posición histórica del Frente Renovador. La sesión en Diputados está convocada para el jueves próximo.

El oficialismo y parte de la oposición acordaron convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo jueves con el objetivo de tratar el nuevo Régimen Penal Juvenil, proyecto que, entre otros puntos, baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La principal sorpresa podría provenir del peronismo, donde el bloque del Frente Renovador analiza votar a favor de la iniciativa.

Según pudo reconstruir Infobae, en una reunión realizada este jueves en sus oficinas, Sergio Massa acordó con sus diputados que el massismo apoyaría el proyecto enviado por el gobierno de Javier Milei. “Massa aseguró que no importa que sea el Gobierno quien haya enviado el proyecto, el Frente Renovador no tiene que cambiar su posición”, explicó uno de los presentes en el encuentro. Esta postura se alinea con el Código Penal que el propio Massa impulsó en 2015, el cual también proponía la baja a 14 años.

Fuentes del bloque massista señalaron a Infobae que, si bien respaldarán el proyecto, consideran que presenta deficiencias. Criticaron la falta de órganos de aplicación específicos (como un Fiscal o Defensor del Joven), la ausencia de una cláusula transitoria con un plan maestro de infraestructura y que el financiamiento para las provincias dependa de convenios y no esté asegurado por ley.

En la bancada libertaria, por su parte, confirmaron que respetarán los consensos alcanzados el año pasado, manteniendo la edad en 14 años (y no en 13, como proponía el texto original), lo que les garantizaría el apoyo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y Provincias Unidas.

Claves del proyecto

El nuevo régimen establecería los 14 años como edad mínima de punibilidad. La pena máxima sería de 15 años, solo para delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. La privación de libertad se aplicaría como último recurso, priorizando penas alternativas como tareas comunitarias, prohibición de acercamiento a la víctima, reparación del daño o monitoreo electrónico.

El proyecto también contempla la creación de institutos especializados para menores condenados, donde se garantice educación, atención médica y tratamiento de adicciones, con personal especializado. Queda prohibida la convivencia con detenidos adultos.

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