La Legislatura de Tucumán celebró este martes una sesión extraordinaria para tratar y votar dos Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el gobernador Osvaldo Jaldo. Ambos instrumentos fueron ratificados por amplia mayoría del cuerpo parlamentario, en una sesión presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo.

La convocatoria fue necesaria luego de que la Justicia provincial rechazara el mecanismo de aprobación tácita de los DNU por silencio administrativo, por lo que los decretos N° 11/3 (presentado el 29 de diciembre de 2025) y N° 1/3 (enviado el 8 de enero de 2026) debieron ser sometidos a votación expresa antes del inicio del período de sesiones ordinarias, que comienza el 1 de marzo.

Aprobación del DNU de restricción del gasto público

El primer decreto, que establece restricciones en el gasto y prohíbe nuevos nombramientos en el Poder Ejecutivo y sus entes, fue aprobado con el voto favorable de la mayoría del oficialismo y el acompañamiento de Fuerza Republicana. Solo tres legisladores se opusieron: los radicales Silvia Elías de Pérez y Manuel Courel, y Walter Berarducci (José Cano se abstuvo).

Desde la oposición se cuestionó la medida. “Esto es un hermoso caballo de troya. Nos dicen que se prohíben nuevos nombramientos, pero con el ok de [el ministro de Economía] Abad sí se pueden seguir haciendo”, argumentó Elías de Pérez. En cambio, el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse defendió el decreto: “Esta medida busca previsibilidad, sustentabilidad, asegurarle a los tucumanos el funcionamiento del Estado”.

Debate y aprobación del DNU que exime el certificado fiscal

El segundo decreto, que exceptúa hasta el 31 de diciembre de 2026 la presentación del certificado de cumplimiento fiscal para proveedores del Estado provincial, generó un debate más intenso y una mayor división. Aunque también fue aprobado, contó con el rechazo de toda la oposición y de Fuerza Republicana.

Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana) sostuvo que la norma “bajo la excusa de la emergencia institucionaliza un privilegio selectivo y quiebra el principio fundamental y constitucional de igualdad ante la ley”. Manuel Courel (UCR) argumentó que “seguir apelando a la emergencia como regla hace cuestionable a este DNU” y que el certificado permite que “el Estado no contrate con quienes incumplen las obligaciones tributarias”.

En defensa del decreto, Vargas Aignasse afirmó: “No estamos discutiendo un tema tributario; este decreto no exime deudas, no va a afectar la recaudación; establece una excepción para poder ofertar, para poder participar de una licitación. Es beneficioso para el Estado”.

Con estas votaciones, los dos decretos del gobernador Jaldo quedaron oficialmente ratificados y en plena vigencia.