La Justicia provincial dictó el sobreseimiento definitivo del ex intendente de la Capital, Germán Alfaro, del legislador Rodolfo Ocaranza y del ex funcionario municipal Carlos Gómez en una causa que investigaba el destino de 500 millones de pesos de un préstamo provincial. El fallo, que data de noviembre de 2025 y ya se encuentra firme, fue emitido por el juez Raúl Armando Cardozo, del Juzgado de Instrucción Conclusional I.

La causa había sido impulsada por la gestión de la actual intendenta, Rossana Chahla, a través de una denuncia presentada por el fiscal municipal Conrado Mosqueira el 27 de noviembre de 2024. En ella, se imputaba a los tres hombres por los delitos de peculado, abuso de autoridad y administración fraudulenta, vinculados al manejo de aportes financieros reintegrables que la Provincia había otorgado al municipio en 2020 mediante dos decretos por 250 millones de pesos cada uno.

La denuncia detallaba que, según investigaciones administrativas de la comuna y datos del Banco Macro, los 500 millones habían sido depositados en una cuenta municipal no registrada en los sistemas contables oficiales, que luego fue vaciada y cerrada.

El derrotero judicial y el sobreseimiento

La denuncia ingresó formalmente al juzgado de Cardozo el 3 de junio de 2025. Según consta en la resolución, desde esa fecha hasta el 5 de noviembre de ese año no hubo actos procesales de impulso. El 6 de noviembre, el juez Cardozo dictó el sobreseimiento total de los tres imputados, al considerar que sus conductas no configuraban los delitos denunciados.

El Ministerio Público Fiscal fue notificado al día siguiente y, al no presentar recurso alguno, la sentencia quedó firme y pasó a ser cosa juzgada el 20 de noviembre de 2025.

Intento tardío de querella y fundamentos del rechazo

Un hecho llamativo ocurrió después del sobreseimiento: la Intendencia de la Capital, a través del abogado Alfredo Falú, intentó constituirse como querellante en la causa ya resuelta. El juez Cardozo rechazó de plano esta pretensión.

En su resolución, el magistrado recordó que se trata de delitos de acción pública, cuya persecución corresponde exclusivamente al Ministerio Público Fiscal. Señaló que la pretensión de la comuna resultaba "inoportuna" luego de doce meses de presentada la denuncia y, especialmente, cuando los denunciados ya estaban notificados y la sentencia gozaba de firmeza.

Cardozo aplicó un "test de proporcionalidad", argumentando que admitir un querellante en esa etapa vulneraría la garantía del non bis in ídem (no ser juzgado dos veces por lo mismo). Citando a la Corte Suprema de Tucumán y a juristas como Julio Maier, fundamentó que el derecho argentino no permite revisar el procedimiento en contra del acusado una vez que hay una sentencia firme. "Resolver una concesión de rol de querellante en esta instancia representa una lesión al principio del Estado de Derecho", concluyó el fallo.