El Gobierno nacional evalúa la posibilidad de otorgar una serie de compensaciones a los gobernadores que manifiestan resistencias a determinados puntos del articulado de la Reforma Laboral. El debate se centra, principalmente, en la modificación de la escala para el pago del Impuesto a las Ganancias, un tributo coparticipable cuya alteración impacta directamente en la recaudación de las provincias.

Varios mandatarios provinciales aliados han expresado públicamente sus diferencias con este aspecto del proyecto. Ante este escenario, en la Casa Rosada se debate la viabilidad de “compensarlos” para acumular los apoyos legislativos necesarios. El tema será tratado esta mañana en la reunión de mesa política convocada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a las 10 horas.

Según fuentes cercanas a la negociación, dentro del oficialismo existen dos posturas. Una plantea ofrecer soluciones específicas ante los reclamos puntuales de cada gobernador. La otra rechaza abiertamente la posibilidad de ceder, argumentando que los representantes provinciales deben responder a los fundamentos de la reforma y que, a la larga, sus jurisdicciones se verán beneficiadas por su impacto económico. El ministro de Economía, Luis Caputo, estará presente en el intercambio y su mirada será clave en la definición.

A mitad de mes, el Poder Ejecutivo afina los mecanismos para que su equipo negociador –integrado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich; el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador político Eduardo “Lule” Menem y el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt– logre concertar una línea de acción que le permita alcanzar un nuevo triunfo legislativo.

La discusión sobre las compensaciones se enmarca en la necesidad del Gobierno de asegurar los votos necesarios para la aprobación de una de sus iniciativas emblemáticas, en un contexto donde las tensiones fiscales entre Nación y provincias suelen ser un factor determinante en toda negociación política de envergadura.