El juez en lo Penal Económico Diego Amarante ordenó levantar el secreto fiscal y bursátil del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en el marco de la causa que investiga la presunta apropiación indebida de aportes previsionales por unos 19.000 millones de pesos. La medida judicial también alcanza a otros integrantes de la mesa directiva del organismo.

Según lo resuelto, la orden se extiende al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, al secretario general, Cristian Ariel Malaspina, y al director general, Gustavo Lorenzo. Paralelamente, el magistrado resolvió habilitar la feria judicial para que se investigue si existió efectivamente la apropiación indebida de recursos de la seguridad social, tal como sospecha la Administración Federal de Ingresos Públicos (ARCA).

La investigación tiene su origen en una presentación de Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA. La denuncia, ampliada posteriormente, acusa a la AFA de haber retenido tributos y contribuciones previsionales por un monto de $19.353.545.843,85, correspondientes al período entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, sin ingresarlos dentro del plazo legal de treinta días. Los conceptos incluyen retenciones de IVA, Ganancias y aportes previsionales.

La semana pasada, el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial ya había imputado formalmente a Claudio Tapia en esta causa. En su dictamen, el fiscal atribuyó responsabilidad al presidente de la AFA por su rol institucional y por la administración de la clave fiscal de la asociación. Dada la dimensión económica de la entidad y los montos investigados, consideró necesario extender la pesquisa a otros integrantes de la mesa directiva, al entender que habrían intervenido en la gestión y disposición de los fondos bajo análisis.

La normativa invocada en la denuncia incluye el artículo 7° de la ley penal tributaria, que tipifica la evasión de aportes a la seguridad social y prevé penas de dos a seis años de prisión cuando el monto evadido supera los ochenta mil pesos por mes.

Este nuevo procedimiento judicial se suma a un contexto de intenso escrutinio público e investigaciones sobre la situación institucional y los manejos contables de la AFA, que han derivado en varias causas en los últimos meses.