El gobierno del presidente Javier Milei logró este viernes un objetivo clave al convertir en ley su primer Presupuesto Nacional, una señal de estabilidad demandada por organismos internacionales y mercados. Sin embargo, el camino a su aprobación dejó al descubierto la fragilidad de su coalición legislativa, incluso tras aumentar considerablemente sus bancadas.

La sesión definitiva en el Senado evitó que el proyecto, que ya había sufrido un traspié en Diputados con la eliminación de artículos clave, volviera a la Cámara baja. Ante esa posibilidad, el oficialismo había alertado a sus integrantes sobre la necesidad de estar disponibles para sesionar el 30 de diciembre o el 6 de enero, fechas donde conseguir quórum hubiera sido un "verdadero desafío político".

La relación con aliados como el PRO y la UCR había quedado tensionada por designaciones en la AGN y la inclusión de la coparticipación de CABA en un capítulo rechazado. “Haremos lo posible por estar, pero no creo que estemos todos”, reconoció un diputado del PRO a este medio. Otros bloques dialoguistas aseguraron no haber sido contactados para coordinar una eventual sesión de revisión.

La rebelión en Diputados y la lealtad en el Senado

En la Cámara de Diputados, el oficialismo ya había evidenciado su dependencia de los votos dialoguistas, llegando al quórum al filo del plazo. Durante esa votación, se registraron gestos de rebeldía de legisladores ligados a gobernadores: los bloques de Tucumán (Independencia) y Catamarca, si bien votaron a favor en general, rechazaron el polémico Capítulo 11. En Salta, un diputado dio vuelta su voto a pesar de acuerdos previos con el gobernador Gustavo Sáenz. También hubo abstenciones significativas dentro de la UCR.

No obstante, todos estos actores se alinearon con el Gobierno en la votación del Senado, permitiendo la sanción definitiva.

El desafío post-vacaciones

La victoria le da un respiro a La Libertad Avanza, pero la agenda inmediata exige recomponer lazos. El oficialismo deberá utilizar el receso de enero para restaurar la relación con los aliados dialoguistas y, fundamentalmente, con los gobernadores que mostraron su capacidad de condicionar los votos en la Cámara baja.

Esta tarea será crucial para los proyectos que el Ejecutivo enviará al Congreso en febrero: la modernización laboral y la reforma de la ley de Glaciares. Se trata de iniciativas de alta sensibilidad que probablemente movilicen a la CGT y a organizaciones ambientalistas, respectivamente, y para las cuales el Gobierno no puede prescindir del apoyo de su heterogénea coalición. La experiencia del Presupuesto dejó en claro que el compromiso de los mandatarios provinciales será fundamental para evitar nuevos traspiés legislativos.